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Dávila (CC) rechaza el alarmismo y dice que las prescripciones tributarias están en la media

La consejera de Hacienda Rosa Dávila compareció el martes en Pleno para disipar las dudas sobre la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria.

La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila (CC), reconoció que las deudas prescritas en la Agencia Tributaria Canaria en 2017 ascendieron a 1,4 millones de euros, pero que estas se encontraban “en torno a la media”.

El dato, difiere, y mucho, de los aportados por el informe de la Audiencia de Cuentas de 2016, que confirmaba que habían prescrito casi cinco millones de euros, tal y como desveló DIARIO DE AVISOS y como le recordó en su intervención parlamentaria del pasado martes la diputada de Nueva Canarias (NC) Esther González. A pesar de estos vaivenes, Dávila insistió en que “hay que aclarar los alarmismos”. Reconoció que “las prescripciones existen, que existen las insolvencias, pero esto no ha sido una amnistía”, enfatizó en su comparecencia para dar cuenta de los problemas que se han producido en la migración de datos de la empresa pública Grecasa a la Agencia Tributaria Canaria. De hecho, según siempre la visión de la responsable de Hacienda, “la Agencia Tributaria Canaria no ha perdido ni un céntimo de las deudas de los contribuyentes canarios”. “Tampoco se han perdido datos de los deudores como consecuencia del cambio del sistema informático del GRE al M@gin, porque esos datos están todavía en los dos aplicativos y, además, se hacen copias de seguridad periódicamente”, remarcó. Con respecto a las bonanzas del nuevo sistema informático, la consejera insistió en que ya en 2018 “la Agencia Tributaria Canaria ha generado 37.785 providencias de apremio, una vez que se ha finalizado el periodo de pago voluntario”. “Se han levantado 178 diligencias de embargo y se han ingresado 9,4 millones de euros.”, defendió.

la oposición
Como la realidad depende siempre del cristal con el que se mire, la oposición aportó otros datos que tiraban por tierra la supuesta tranquilidad que intentaba transmitir la consejera de Hacienda, Rosa Dávila. Una de las más contundentes fue la citada Esther González, quien comenzó su alocución corrigiendo a Dávila cuando aseguró que “prescripciones por insolvencia no existen”. “Existen bajas por insolvencia, las prescripciones son otra cosas distinta. El otro día acusaba a la señora Montelongo (PP) de mezclar cosas y hoy (por el martes) las ha mezclado usted”, apostilló. Sin bajar el tono, González le recordó a la consejera que “el informe de la Audiencia de Cuentas de 2016 cifraba en 4,8 millones de euros las prescripciones”. Y siguiendo en un tono incisivo, la diputada de NC le recriminó a Dávila que “es la consejera de Hacienda y lo mínimo que se espera es que los datos que dé, sean ciertos”.

Sobre la migración de los datos, González insistió en que “el Gobierno de Canarias niega por activa y por pasiva la metedura de pata en esta migración y solo reconoce una ralentización del proceso”. La también portavoz del Grupo Mixto subrayó en este punto que “una parte del proceso puede considerarse un aplazamiento”. “Pero usted sabe que otra parte se considera prescripción”, precisó. Al mismo tiempo le recriminó a Dávila que “si no se han perdido los datos, cómo es que han acudido deudores a la Agencia Tributaria y han comprobado que no estaban allí”.
Por su parte, el diputado de Podemos Manuel Marrero, en una intervención más tranquila, le echó en cara a Rosa Dávila que él “sigue teniendo las mismas dudas sobre si desde octubre de 2016 (fecha en la que se produjo la migración de los datos) había prescrito o no deuda”. “Porque Hacienda tiene cuatro años para reclamar lo que se le debe y el tiempo pasa”, aseguró. Marrero volvió a considerar este problema en la recaudación como “una especie de amnistía fiscal encubierta” y deseó conocer “la lista de deudores”. La diputada del Partido Popular (PP) y solicitante de la comparecencia, Águeda Montelongo desmontó el dato aportado por Dávila que aseguraba que en 2017 se habían recaudado 9,4 millones de euros en diligencias de embargo. Según la diputada del PP, el dato de 2016 ascendió a 88 millones de euros, y terminó preguntándole a Dávila “si esto no era perder dinero”.

A pesar de la comparecencia, la oposición parlamentaria solicitará más información sobre estos problemas en la recaudación de la Agencia Tributaria Canaria, sobre todo, tras el cambio en el sistema informático en octubre de 2016.

Podemos y PP muestran sus dudas sobre la idoneidad del pago a Indra

La diputada del PP y el diputado de Podemos Águeda Montelongo y Manuel Marrero, respectivamente, criticaron el pago a la compañía Indra por el sistema informático que, según la consejera Dávila, “funcionaba perfectamente”, a pesar de la “ralentización en las operaciones”.
Para Montelongo, el aplicativo del módulo de recaudación que el Gobierno de Canarias abonó a Indra, en torno a dos millones de euros, “no se sostenía”. Además, hubo que abonarle “216.000 euros más y luego le adjudicó el mantenimiento para corregir el desaguisado, a pesar de que según usted, funcionaba perfectamente”, remarcó la diputada del PP. Otro asunto que tampoco entendió el diputado de Podemos Manuel Marrero, sobre todo, tras la adjudicación del mantenimiento a la misma empresa, a pesar de no estar “plenamente operativo”.

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