CASO GRÚAS - LA LAGUNA

Solicitan la imputación de Clavijo y de varios técnicos del Ayuntamiento por el caso Grúas

A la espera de que el juzgado cite como investigado al alcalde Díaz, la acusación que impulsa Unid@s se puede reclama la del presidente regional, la de los interventores de la empresa y la de una directora general

El exalcalde de La Laguna y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, ante los juzgados laguneros. DA
El exalcalde de La Laguna y hoy presidente regional, Fernando Clavijo, ante los juzgados laguneros. DA

La acusación popular del caso Grúas que impulsa el grupo municipal de Unid@s se puede en el Ayuntamiento de La Laguna volvió a solicitar ayer al juzgado que cite como imputados tanto al actual alcalde, José Alberto Díaz (CC), como a su antecesor en el cargo, el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La novedad radica en que también se pide la comparecencia como investigados de tres técnicos municipales: Alejandro Cordero, Antonio Vera y Rosario Hernández. Se trata de los dos funcionarios que controlaron la concesionaria municipal durante el periodo en que fue intervenida y de la directora del Área de Seguridad Ciudadana.

Así consta en un escrito al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS y que se presenta justo después de que la Audiencia provincial dictase la semana pasada un auto por el que ordena la imputación de Díaz, por cuanto estima como válida la argumentación que a tal fin motivó un recurso presentado por la otra acusación popular personada, la que promueve el grupo municipal de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC).

A la espera de que la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna cumpla con las instrucciones dadas desde la Audiencia y, en consecuencia, cite como imputado al ahora alcalde lagunero, Unid@s se puede reitera ahora que se haga lo propio con Clavijo, dado que este firmó dos de los tres decretos municipales en los que se han apreciado indicios delictivos suficientes como para seguir investigando judicialmente. A este respecto, hay que tener en cuenta que ya el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (competente en el caso de Clavijo, al estar este aforado) solicitó en su día al citado juzgado lagunero que, cuando termine de instruir las diligencias que considere oportuno, remita toda la documentación junto a una exposición motivada de las causas por las que, si así lo entiende, se debe imputar al que fuera alcalde durante los hechos que nos ocupan (2014).

Sobre el alcalde

En cuanto a los motivos para imputar a José Alberto Díaz, fue precisamente la Audiencia provincial la que ha dado la razón a los argumentos de los letrados de XTF-NC. Si bien el entonces concejal de Seguridad no firmó ninguno de los tres decretos bajo sospecha, lo cierto es que “se desprende indiciariamente que [el ahora alcalde] participó, mediante la emisión de informes y propuestas favorables, en la tramitación del expediente administrativo en el que se dictaron” esos tres decretos, gracias a los cuales y a pesar de los reparos de la la Intervención Municipal se otorgó a la concesionaria un préstamo de 120.000 euros y se le prorrogó el contrato.

Sobre Clavijo

A priori, su caso ofrece muchas menos dudas que las ahora despejadas sobre José Alberto Díaz, por cuanto Fernando Clavijo rubricó dos de esos tres decretos, como se ha dicho. En cuanto al tercero, lo firmó Antonio Pérez Godiño, que ya declaró como investigado, si bien es de justicia recordar que lo hizo porque quien debía hacerlo, el ahora alcalde, se encontraba de vacaciones ese mes (agosto de 2014).

Además de su firma, el rastro de Clavijo en el expediente es equiparable al de José Alberto Díaz, si no aún mayor. De especial interés resultan para la Audiencia (como así lo recogió en el auto fechado el 17 de noviembre de 2017) los posibles vínculos personales del hoy presidente autonómico con la mayoría de los empresarios que entonces controlaban la concesionaria. Cuando estas siete personas declararon como testigos en este caso Grúas, cinco de ellas reconocieron distintos niveles de relación personal con el entonces alcalde.

Sobre los técnicos

En cuanto a la novedad de los tres técnicos, la solicitud de que declaren como investigados es consecuencia de la valoración de las pruebas realizadas hasta ahora por parte de la acusación popular de Unid@s se puede, así como de la documentación recopilada y de los trabajos llevados a cabo por una comisión municipal que investigó el caso.
Así, dicha acusación popular recuerda en el escrito presentado ayer ante el juzgado que los entonces responsables de la concesionaria condujeron a la empresa a “una gravísima situación económica” e incurrieron en una serie de incumplimientos de las condiciones del contrato que legalmente facultaban a declarar la caducidad de tal concesión. Entre esos incumplimientos figuran, por citar algunos, que no se le pagaba el sueldo a determinados trabajadores, se debía a la Seguridad Social y otras administraciones públicas y, por si fuera poco, las grúas circulaban sin la preceptiva tarjeta de transporte.

En todo caso, desde Unid@s se puede entienden que las principales responsabilidades atañen a Fernando Clavijo y José Alberto Díaz.

Prevaricación, malversación y tráfico de influencias

A pesar de que en el argumentario facilitado por la dirección de Coalición Canaria a sus militantes ante la inminente imputación del alcalde José Alberto Díaz se sostiene que no se le acusa de delito alguno, lo cierto es que declarará como investigado en un caso donde la Audiencia provincial advierte indicios delictivos de tres tipos penales relacionados con la corrupción, como son la prevaricación administrativa, la malversación de fondos públicos y el tráfico de influencias.