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Amigos y enemigos

Lo primero que llama la atención en la dura respuesta del feminismo español a la sentencia del juicio de La Manada es que su intensidad y duración ha sido muy superior a las protestas que se producen cuando alguna mujer es asesinada en un episodio de violencia de género

Lo primero que llama la atención en la dura respuesta del feminismo español a la sentencia del juicio de La Manada es que su intensidad y duración ha sido muy superior a las protestas que se producen cuando alguna mujer es asesinada en un episodio de violencia de género. Una sentencia que, además, es condenatoria. Otras circunstancias destacables son la fijación en el voto particular absolutorio, que, al margen de su lenguaje, por definición no influye en la sentencia y por eso se emite; y, en definitiva, la confluencia de un sector importante del feminismo de este país con los movimientos populistas antisistema de la izquierda radical, que lo han fagocitado y hecho perder la transversalidad ideológica y social que se le supone. Solo así se explican sus mensajes demagógicos, su desprecio a la independencia judicial y su salida a la calle pidiendo la cabeza de los jueces que han dictado la sentencia; que, al más puro estilo totalitario, se les señale, se les amenace socialmente con nombres y apellidos, en especial al autor del voto particular, y se recojan firmas pidiendo su inhabilitación.
No parece que todas las mujeres y todas las feministas españolas cuestionen la independencia de los jueces ni crean que los jueces varones que pronuncian sentencias que no les gustan son peligrosos machistas empeñados en hacer daño a las mujeres y que deben ser expulsados de la carrera. Sobre todo porque se silencia que de los dos jueces que han sentenciado -y condenado- a La Manada, uno es mujer. Y que tres magistradas de Barcelona acaban de sentenciar por unanimidad que en la penetración de un individuo a su sobrina menor de edad no hubo tampoco ni violencia ni intimidación.

La dependencia de un sector del feminismo español del populismo radical le hace caer en sus mismas contradicciones. Cuando el Gobierno ha intentado ampliar los supuestos de la prisión permanente revisable coincidiendo con los dolorosos casos de Diana Quer y del niño Gabriel, se ha argumentado que no se debe legislar en caliente, y ahora se pide la reforma urgente del Código Penal. El problema de la sentencia de La Manada parece ser que son los nueve años de condena, que se estiman pocos. Pero la oposición de la izquierda a la prisión permanente revisable es precisamente la larga condena que supone y el derecho constitucional a la reinserción social. Pues bien, acaba de salir de la cárcel, después de cumplir su condena, un violador del que Instituciones Penitenciarias advierte que no está rehabilitado.

Si se considera que acabar con la distinción entre abuso y agresión sexual, en la línea del Convenio de Estambul, favorece los derechos de las mujeres, acábese en buena hora. Pero mientras no se haga, los jueces estarán obligados a contemplarla, y si no lo hacen cometerán un delito. El grave problema es que por muchos años que La Manada pase en la cárcel, no por ello disminuirá el número de las mujeres asesinadas y violadas. Es una lucha en la que estamos fracasando como sociedad y en la que estamos unidos todos los ciudadanos demócratas, sin distinción de sexo ni de ideología. Mientras tanto, todos los sectores feministas deben tener especial cuidado en identificar correctamente a sus enemigos, y, sobre todo, a sus amigos.