A grandes males, remedios excepcionales. Todos los grupos parlamentarios ayudarán al Gobierno de Canarias para aprobar una ley de emergencia que permita a la Radio Televisión Canaria (RTVC) pagar sus facturas, dada la situación de caos absoluto existente tras la dimisión de su máximo responsable, Santiago Negrín. El adiós del hasta ahora presidente del Consejo Rector de RTVC se produjo el jueves, después de que un auto judicial frustrara definitivamente su intención de controlar directamente la adjudicación de los servicios informativos para los próximos ocho años, un contrato que lleva aparejado un gasto público de 144 millones de euros, y que se ha visto rodeado de una colosal batalla, tanto política como mediática. Como quiera que Negrín nunca facilitó el relevo de los numerosos cargos dimitidos anteriormente en la cúpula del ente (Vicepresidencia, Jefatura de Asuntos Económicos, Dirección Corporativa), el desgobierno es tal hoy en día que no ha quedado nadie con la capacidad jurídica suficiente para autorizar las facturas cotidianas, como, por ejemplo, las nóminas.
CONSENSO EXPRÉS
Como la ley no prevé un caos de las dimensiones actuales, hay que cambiarla con una tramitación de emergencia que, como es su responsabilidad, ha sido impulsada desde el Gobierno de Canarias, y para ello se necesita la colaboración del resto de los grupos parlamentarios. Dada la urgencia descrita, los contactos se han sucedido desde la noche del pasado jueves hasta buena parte del día de ayer, cuando se logró un pacto entre todos los grupos parlamentarios salvo Nueva Canarias (NC), que posteriormente anunció su predisposición a sumarse a ese acuerdo siempre que “se respete la ley y se quite de en medio a los que han armado este follón”, puntualizó el presidente de NC, Román Rodríguez.
Esta ley de emergencia (que es una norma ad hoc, lo que no deja de ser una práctica legislativa contraria a los principios jurídicos que inspiran nuestro ordenamiento) consistirá en cambiar los puntos 3 y 4 del artículo 13 de la norma vigente. Hasta ahora, solo se prevé el nombramiento de un administrador único para RTVC en el caso de que se produzca un aumento superior al 15% del gasto o que caigan los ingresos en más del 20%, siempre tomando como referencia el presupuesto anual de este ente audiovisual. Pero si todo sale como se acordó ayer, también se podrá nombrar dicho administrador único en un nuevo supuesto: “Cuando por cualquier circunstancia sobrevenida con posterioridad [sic] a la constitución del Consejo Rector, el número de sus miembros fuera inferior a tres y ninguno fuera el titular de la Presidencia del Ente”. O sea, justo lo que pasa ahora (de ahí que estemos ante una evidente ley ad hoc), ya que durante la desbandada de cargos acaecida en la etapa de Negrín también se fueron dos de los cinco consejeros iniciales. Al dimitir el presidente, solo quedan María Lorenzo (propuesta por el PSOE) y Alberto Padrón (por el PP).
EL NOMBRAMIENTO
Así las cosas, el nuevo artículo 13.4 permitirá disolver el Consejo Rector y proceder al nombramiento de ese administrador único, tal y como recoge una disposición transitoria en esta ley de emergencia. Como no puede ser de otra manera, será el Gobierno de Canarias el que proponga al sustituto de Negrín, previa consulta con el resto de los grupos parlamentarios.
En todo caso, el mandato de dicho administrador único solo se prolongará hasta que se cubran las vacantes del Consejo Rector (algo de lo que ha sido incapaz el Parlamento hasta hoy) o hasta el 31 de diciembre de 2018. Según las fuentes consultadas por este periódico, todo apunta a que se nombrará a una persona con un perfil más propio de un gerente que de un periodista, no en balde su inmediata responsabilidad será sacar adelante el día a día de la administración del ente público.
Eso sí, no habrá espacio para la pausa, por cuanto el próximo 30 de junio está subrayado en rojo para la RTVC. Ese día finaliza el contrato que permite el transporte de la señal (con el peligro de que se interrumpan sus emisiones), pero también el que posibilita el servicio de los informativos. Sin duda, dos envites de gran calado cuyo buen término requerirá de la intervención de los partidos políticos, ya que, como es obvio, escapan a la capacidad decisoria de un gestor nombrado con la urgencia que nos ocupa.
ASÍ SE FRAGUÓ
Avisó CC de que buscaba “medidas de emergencia” en el ámbito parlamentario el mismo jueves en que dimitió Negrín, y esa noche comenzaron los contactos con el resto de grupos. Sin embargo, fue en la mañana de ayer cuando se sucedieron las idas y venidas por el inmueble de Teobaldo Power, así como un sinfín de llamadas telefónicas, con el resultado que ya se conoce: ese acuerdo básico para facilitar el nombramiento de un administrador único a través de una ley de emergencia. Algo insólito, producto del desastre consumado en la gestión de RTVC. La anécdota fue la ausencia de la firma de Román Rodríguez en nombre de Nueva Canarias junto a las de José Miguel Ruano (CC), Dolores Corujo (PSOE), Australia Navarro (PP), Noemí Santana (Podemos) y Casimiro Curbelo (Grupo Mixto). Horas después, Román Rodríguez justificaba el hecho en que no había sido invitado a la reunión, pero a la par adelantó que “nosotros tenemos por costumbre aceptar las proposiciones de ley del resto de partidos y apoyar su debate”.
¿Y AHORA?
El auxilio de la oposición al Gobierno de Canarias, que paliará en lo posible el colosal fracaso en la gestión del ente público, no es incondicional, tal y como demuestra el límite temporal del 31 de diciembre puesto a la permanencia de ese administrador único al frente de RTVC. Ello es así porque hace imposible que se aplace hasta la próxima legislatura la promulgación de una ley de la RTVC que reforme completamente la norma actual.
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