De repente nos damos cuenta de que existe un problema de vivienda no satisfecha que afecta a Canarias y que se concentra en las zonas turísticas y urbanas de mayor actividad. El artículo 47 de la Constitución consagra como derecho el de la vivienda ligada a una utilización sostenible del suelo. Traslada a los poderes públicos la promoción de este derecho, donde regulan el suelo y las plusvalías que genera. Con las autonomías, la responsabilidad primera de promover el derecho a la vivienda es del Gobierno regional y la de poner el suelo a disposición, de los ayuntamientos. Estos han obtenido el suelo mayoritariamente cedido desde la gestión urbanística de los privados, con cargo al 10% de la cesión de los solares resultantes ya urbanizados.
Saliendo de la crisis aparece una gran demanda de vivienda, que se ha evaluado a la fecha en torno a 10 o 12 mil viviendas en Canarias. Con todos los conflictos que ésta lleva aparejados, exceso o carencia, régimen de tenencia propiedad-alquiler, precios e hipotecas, okupación-desocupación, políticas y ayudas públicas, lógica de mercado, burbuja inmobiliaria, gestión del suelo y sus costes de transformación, vivienda vacacional, etc. Aquí nos enfrentamos en primer lugar a la inexistencia desde el año 2000 de una estrategia pública de vivienda en Canarias. En un momento donde vemos que mientras sube el precio de los alquileres, los sueldos y la capacidad adquisitiva están estancados, por lo que existe un desplazamiento demandando alquileres. Mercado que se ve reforzado por los bajos tipos de interés, con inversores en busca de rentabilidades más seguras. Y costes que siempre vienen lastrados por las voracidades municipales, las complicaciones de gestión y los costes de suelo, en términos de tiempo y euros y que la nueva Ley del Suelo ha abordado con timidez.
En el informe del Diputado del Común ya se detecta el problema del encarecimiento de la vivienda en compra y alquiler, sin que la importancia del tema, vinculada a la obligación pública, lo haya priorizado. Por delante, el incremento del sueldo a funcionarios y de las pensiones, el empleo público no necesario, o de los incrementos de ayudas públicas al transporte entre islas y con la Península del 50% al 75%. El problema de la vivienda-suelo es complejo y exige operar simultáneamente en varios frentes. Una política de vivienda protegida en venta-alquiler no tendrá efectos significativos de corrección del mercado antes de 3-4 años, dada la inexistencia de viviendas en mercado. De igual manera, la subvención al alquiler joven suele corregirla el mercado con el incremento del alquiler en parte de esa cuantía. Tampoco pueden los jóvenes acceder al mercado libre por la barrera del 20-30% de acceso. Como está a su vez demostrado, el fracaso de las políticas legislativas para reducir el precio de la vivienda y suelo. Lo encarece la política urbanística, donde se restringe cualquier edificación.
Vemos en medios que algunos desplazan la responsabilidad de la vivienda al fenómeno de las vacacionales, cuando las mismas no superan el 3% del mercado total y se encuentran desplazadas jurídicamente al vacío legal. Con problemas de definición y alcance, cuando siendo categoría turística extrahotelera se prohíbe en zonas turísticas. Como los conflictos derivados de su encaje en áreas residenciales y suelo rústico. El Gobierno ha perdido todos los pleitos y mantiene la figura en la inseguridad jurídica, contribuyendo al caos y defendiendo a sus clientelas hoteleras. Parece obligado abordar el problema de la vivienda-suelo, con políticas decididas en medios económicos, prioridad de gestión, libertad económica y seguridad jurídica.
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