La TF-5, desde Santa Cruz de Tenerife a Icod de los Vinos y enlaces, es la vía de la Isla que acumula el mayor número de vallas publicitarias, hasta 54, que el Cabildo de Tenerife obliga a retirar “por motivos de seguridad”. Así se recoge en la notificación de resolución que la Corporación insular publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), por la que “se incoa procedimiento de restablecimiento del orden jurídico perturbado ordenando la retirada de 129 vallas publicitarias instaladas en zonas de protección de las carreteras de interés regional, por motivos de seguridad”.
Cabe recordar que el Cabildo ya indicó la pasada semana que anunciaría el desmantelamiento de un nuevo lote de 129 estructuras publicitarias, tras el proceso de retirada de un primer paquete de 80 vallas, después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) le había dado la razón en su decisión de retirar siete estructuras publicitarias que se encontraban en dominio público en el entorno de las carreteras. Para la Corporación insular, esta sentencia favorable supone reconocer la acción que lleva acometiendo a lo largo de este mandato con el objetivo de acabar con la proliferación indiscriminada y masiva de vallas publicitarias en las carreteras de la Isla.
Como se ha apuntado, de este nuevo paquete de 129 estructuras publicitarias, la mayoría de ellas (54) se encuentran en la autopista TF-5, de Santa Cruz de Tenerife a Icod de los Vinos y enlaces; seguida por la autopista TF-1 y el enlace de Añaza, con 46 vallas. Les siguen la autovía TF-2, de Santa María del Mar a Las Chumberas, con 10 estructuras; la carretera general TF-13, desde la TF-5 a Punta del Hidalgo (9); la TF-4, Vía Penetración Sur (4), y las carreteras generales TF-174, de La Matanza a La Victoria, y la TF-152, de La Laguna a El Sauzal, ambas con tres vallas publicitarias cada una.
El coste estimado de la retirada de las bases, estructuras y pantallas oscila, según datos del Cabildo, desde los 1.000 euros hasta los más de 4.000 euros, y los titulares de las estructuras disponen un plazo máximo de un mes para su retirada, contando a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución o de su publicación en el BOE. En total, son 13 las empresas publicitarias afectadas.
En caso de no retirarlas en el plazo estimado, el Cabildo asumirá la obra “en ejecución subsidiaria, requiriéndoles el gasto generado”, recoge la notificación. Además, “se podrá incoar procedimiento sancionador […] e imponer multas coercitivas”.
La Corporación insular apunta que la retirada de la publicidad no da “derecho a indemnización alguna”.
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