Romper la triple paridad, en especial en aquello que concierne al equilibrio entre las islas capitalinas y periféricas, es un error. Está claro que con la lista regional que proponen PSOE, PP, NC y Podemos en la reforma del sistema electoral que viaja ahora a las Cortes, lo que se va a facilitar es una mayor representación a Tenerife y Gran Canaria, agigantando aún más los centros de poder del Archipiélago. Sin dramatismos ni victimismos, de verdad que no era necesario poner la puntilla a este juego de equilibrios para mejorar el sistema electoral. Ni siquiera tomar una medida tan contraria a la sensibilidad ciudadana actual como la de engordar la Cámara autonómica con diez parlamentarios más. La bajada de los topes electorales habría sido suficiente para mejorar la pluralidad de un sistema que debe dar un trato diferente a los que lo son. Como Canarias lo reclama en el Estado o en Europa. Lo que es evidente es que este esquema, en cuya creación y sostenimiento La Palma ha sido abanderada, molestaba y mucho. Reflejo de ello fue la crisis desatada cuando se decidió la utilización de este criterio para repartir el Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), que terminó dinamitando el pacto de gobierno entre CC y el PSOE. Una muestra clara de lo que supone aplicar este criterio de justicia territorial en un programa de inversiones. Que abría una puerta para construir un Archipiélago más solidario. Una vía que no olvida las personas, pero tampoco sus circunstancias, que ahora sí que van a difuminarse más.
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