Santiago Pérez, una de las voces más críticas contra la política desarrollada en materia de urbanismo y medio ambiente por el Gobierno canario, asegura que el fallo del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Islas Verdes, recurrida por más de cincuenta diputados del grupo de Podemos en el Congreso, no autoriza los proyectos contemplados en el Plan Territorial de Uso Turístico de La Palma (PTE) que quedaron anulados por el Tribunal Supremo.
Santiago Pérez criticó que el Gobierno de Canarias aprovechó la tramitación de una ley autonómica para autorizar por la vía legislativa la declaración de interés insular de una serie de proyectos que el Tribunal Supremo había anulado por sentencia firme al tumbar el PTE. “Lo que ha hecho el Gobierno de Canarias es autorizar por Ley lo que el Supremo había suspendido por sentencia”, insistió. Una actuación que, a juicio del también concejal de Por Tenerife en el Ayuntamiento de La Laguna, es “una utilización fraudulenta del poder legislativo y un ataque a derechos fundamentales de la ciudadanía”.
Por contra, la sentencia del Constitucional, según su su argumentación, obliga a partir de ahora a que todos estos proyectos denominados en la Ley de Islas Verdes como de Interés Turístico Insular, haya que “aprobarlos uno por uno y con el carné en la boca, es decir, con la evaluación ambiental estratégica por delante”. Pérez señala además que “los proyectos que intentaban sacar adelante, autorizándolos por ley, afectaban a espacios naturales protegidos, incluso algunos de ellos por la Unión Europea, estando integrados en la Red Natura 2000”.
Santiago Pérez, que recurrió esta ley ante la Unión Europea, añade que la sentencia establece, además, “doctrina sobre algunos de los aspectos más agresivos de la Ley del Suelo que marcan el camino de futuro”, dada la fuerza que otorga a las garantías ambientales dispuestas en la legislación estatal o europea. “De tal forma que los intentos de los últimos tiempos de la legslación de Canarias no de reforzar la garantía ambiental sino de devaluarla, se van al carajo”, apostilló.
El veterano político canario señaló que “La Palma tiene derecho al desarrollo turístico”, pero respetando los espacios naturales protegidos. En este sentido, sostiene que la excepcionalidad se puede aplicar, por ejemplo, para el desarrollo científico del Observatorio del Roque de Los Muchachos, pero no para hacer un campo de golf en un espacio protegido. Y recordó por último, que la propuesta de reforma de la Ley de las Islas Verdes que presentó el Cabildo de La Palma era “mucho más acotada” de lo que se aprobó, que incluyó los instrumentos “más agresivos” de la Ley del Suelo.
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