CRISIS EN RTVC

El Consultivo alerta de que la ley exprés para salvar RTVC es una chapuza

El texto impulsado desde el Gobierno regional otorga tantos poderes a un hipotético administrador único que lo sitúa fuera del control previsto; la desidia es tal que ni se ha publicado en el BOC el cese de Negrín

Fachada de la Casa Montañés (La Laguna), sede principal del Consejo Consultivo de Canarias. DA
Fachada de la Casa Montañés (La Laguna), sede principal del Consejo Consultivo de Canarias. DA

Un informe del Consejo Consultivo fechado el pasado 1 de junio, y al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, alerta sobre las notables deficiencias que, a juicio de sus miembros, presenta la llamada ley exprés impulsada desde el Gobierno de Canarias para frenar el caos absoluto en que se ha sumido la Radio Televisión Canaria (RTVC) tras la dimisión del presidente de su Consejo Rector, Santiago Negrín. Es tal el desgobierno en el ente que hoy en día sigue sin contar con alguien habilitado para el pago de sus facturas, por no hablar del peligro de irse a negro (dejar de emitir, en el argot profesional) el próximo 1 de julio, cuando termina la actual prórroga del contrato para el transporte de la señal. Ante semejante panorama, todos los grupos parlamentarios (salvo Nueva Canarias) decidieron atender el SOS lanzado desde el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, pero el texto acordado dista mucho de estar a la altura.

El principal problema, siempre según el dictamen del Consultivo, es una ilegal atribución de funciones a un administrador único cuya misión sería llevar el día a día de RTVC con fecha límite para su desempeño: el 31 de diciembre. El exceso radica en que, con la redacción propuesta (en algún caso descrita como “deficiente e imprecisa”), las nuevas competencias de dicho administrador único invadirían las propias de la secretaria del Consejo Rector, sobre la que el Consultivo recuerda que “su existencia es imprescindible, pues su intervención atribuye garantía de legalidad a las actuaciones que se realicen”.

Por si fuera poco, el Consultivo recuerda que esta ley exprés se propone “sin haberse dado antes cumplimiento a las previsiones legales” contenidas en la norma que regula con carácter general RTVC. Que los términos del Consultivo sean neutrales no quita fuerza a la monumental regañina que dedica al Gobierno y el Parlamento de Canarias por no haber evitado la situación actual a causa de su flagrante dejación de funciones, dado que no se habría llegado a esta situación si, como prevé la norma aludida, ya se hubieran aprobado los mandatos marcos o el reglamento orgánico del ente público, tarea que corresponde a un Consejo Rector incapacitado porque no se cubren sus puestos vacantes. El informe llega a recordar que la legislación española “exige que la iniciativa legislativa (procedente del Gobierno) sea necesaria y eficaz, es decir, que debe estar justificada una razón de interés general, con identificación clara de los fines perseguidos y constituir el instrumento más adecuado para garantizar su consecución”. En cuanto a otros aspectos de la propuesta, no corren mejor suerte. Entre otras cosas, el Consultivo recuerda que solo las disposiciones adicionales y/o transitorias pueden contemplar normas ad hoc (previstas para una situación concreta) como la que nos ocupa. Además, la propuesta para esta ley exprés abre las puertas a otros supuestos no previstos, pero que encajarían en la redacción impulsada desde el Gobierno de Canarias.

Cual guinda a la desidia gubernamental existente, el Consultivo recuerda que el cese de Santiago Negrín sigue sin publicarse en el boletín oficial.