Los problemas para llegar a un acuerdo sobre dónde ubicar la nueva Ciudad de la Justicia en Santa Cruz de Tenerife se multiplicaron ayer por mor de dos informes elaborados por técnicos del Gobierno de Canarias. El más preocupante es el relacionado con la movilidad, dado que, según las conclusiones de estos expertos gubernamentales, el viario actual de Cabo Llanos (opción preferida de forma unánime por los profesionales del sector) “no es capaz de absorber este crecimiento del tráfico, obteniéndose unas condiciones de circulación poco óptimas y que además suponen una situación de congestión que se extiende en prácticamente la totalidad del ámbito de estudio”, que no es otro sino todo el citado barrio santacrucero.
Por si fuera poco, desde la Consejería de Educación también se advierte de que se “hace necesaria la construcción de un nuevo centro de infantil-primaria de Línea 2, esto es, 18 unidades, en esta zona de Cabo Llanos, antes de los próximos cuatro cursos escolares, con la finalidad principal de no desviar el alumnado fuera de sus zonas de influencia”.
Las reseñadas conclusiones de los técnicos del Gobierno de Canarias se recogen en un informe impulsado desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, que cumple así un requisito formulado desde la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz, la otra administración pública con capacidad para decidir sobre la nueva Ciudad de la Justicia.
Cabe recordar a su vez que tanto el Ayuntamiento capitalino como el Gobierno regional se decantaron en principio por un solar ubicado en El Sobradillo, pero que la oposición de todo el sector (desde jueces y fiscales a funcionarios) hizo replantearse la opción de seguir en Cabo Llanos. Para que sea posible, habría que reformular un convenio municipal con DISA (la empresa ha mostrado predisposición para ello) y permutar con otro un solar hasta ahora destinado al futuro centro de enseñanza. La necesidad de alterar el viario actual del santacrucero barrio de Cabo Llanos para que pueda soportar el aumento del tráfico que implicaría ubicar allí la nueva Ciudad de la Justicia tinerfeña supone un obstáculo más para una infraestructura catalogada como urgente y prioritaria tanto desde el Gobierno de Canarias como por todo el sector afectado.
Según los técnicos del Ejecutivo autonómico, la subida de los vehículos que circularían por esta zona en hora punta (de ocho a nueve de la mañana) sería del 75% aproximadamente, lo que hace inevitable reforzar dicho viario. Si se tiene en cuenta que, de por sí, la construcción de la nueva Ciudad de la Justicia durará al menos ocho años, que lleve aparejada consigo obras con la complejidad inherente a lo vial implica una demora aún mayor para una infraestructura que ya se estimaba como necesaria cuando se inauguró el actual Palacio de Justicia en la avenida de Tres de Mayo.
En concreto, el estudio de movilidad encargado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias acerca de la construcción de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos prevé un incremento del tráfico del 6%, con 448 coches adicionales en hora punta. El documento sostiene que el viario “no es capaz de absorber” este crecimiento del tráfico.
EL PSOE PIDE ABRIR UN DEBATE SOBRE LA CONCENTRACIÓN ADMINISTRATIVA
El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Ángel Martín, pide un debate sobre la concentración o dispersión de sedes administrativas, y no solo sobre la instalación de la Ciudad de la Justicia en Cabo Llanos o El Sobradillo. Tras conocer el estudio detallado de movilidad en el área de Cabo Llanos, Martín recuerda que “no se trata exclusivamente de dónde instalar la nueva sede judicial, sino de la capital que queremos”. Por su parte, el concejal de IU, Ramón Trujillo, dijo que “cuesta creer que el PGO se haya elaborado con tanta y tan grave incompetencia en sus previsiones de movilidad para Cabo Llanos”.
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