Por Moisés Grillo / Tinerfe Fumero
La clave radica en que, presuntamente, el Ayuntamiento de La Laguna prorroga ilegalmente los contratos para las concesiones de sus servicios públicos. Y lo hace de forma sistemática y conscientemente, dado que la Intervención Municipal advirtió en todos los casos de que se vulneraba la legislación vigente. Ahora sabemos que este modus operandi comenzó en la etapa en la que Fernando Clavijo (CC), hoy presidente del Gobierno de Canarias, era el alcalde de la Ciudad de los Adelantados. Por ello, ahora se pide la imputación del propio Clavijo por esta causa, así como la del resto de ediles que actuaron de la misma forma.
El proceder del Ayuntamiento de La Laguna para la contratación pública de los servicios municipales se repite, al menos, desde enero de 2013 hasta diciembre de 2017: concursos a la baja, adjudicaciones a empresas afines y prórrogas sucesivas saltándose, presuntamente, la Ley de Contratos del Sector Público, tal y como se desprende de la denuncia presentada en enero de 2018 por el portavoz de XTF-Nueva Canarias (XTF-NC), Santiago Pérez. El edil denunció la prórroga de 24 contratos públicos del Ayuntamiento de La Laguna en el periodo comprendido entre marzo de 2015 hasta diciembre de 2017. Ahora, según se desprende de la ampliación de la denuncia a la que tuvo acceso ayer DIARIO DE AVISOS, Pérez considera que “estas prácticas de prórroga generalizadas contrarias a la legalidad” de los contratos de muchos servicios públicos del municipio también se producían en la etapa como alcalde de Fernando Clavijo, en los años 2013 y 2014.
Tal y como se recoge en la denuncia, “el volumen de gasto público comprometido, mediante decretos dictados en contra de la Ley de Contratos del Sector Público, que han sido objeto de la denuncia inicial y lo son ahora de esta ampliación, asciende a los casi 50 millones de euros, en concreto, la cifra alcanza los 46.965.515,74 euros”.
El número de decretos dictados a pesar de las advertencias de ilegalidad formuladas por la Intervención general del Ayuntamiento llega a 118. De ellos, 46 fueron firmados por el anterior alcalde, Fernando Clavijo, quien actualmente disfruta de la condición de aforado, por ser el presidente del Gobierno de Canarias. Por su parte, su sucesor en el cargo, el también nacionalista José Alberto Díaz, rubricó otros 48 decretos. Además de Clavijo y el actual alcalde, varios miembros del grupo de gobierno han efectuado la misma acción, pese a las explícitas advertencias de ilegalidad, según la misma denuncia. Son, por ejemplo, el concejal de Deportes, Agustín Fernando Hernández (CC), en 14 ocasiones, su antecesora en ese Organismo, Aymara Calero (CC), una vez, al igual que las socialistas Mónica Martín y María José Castañeda. Para alcanzar los 118 decretos totales, hay que sumarle otras siete ocasiones en las que el que actuaba como alcalde accidental tuvo que hacerlo.
Desde la perspectiva del denunciante, “las explícitas advertencias de ilegalidad, formuladas por la Intervención General a través de los reparos expresados formalmente en sus informes preceptivos, así como el desenvolvimiento generalizado de la contratación pública a través del modus operandi denunciado en la denuncia inicial y en la presente ampliación de esa denuncia, evidencian la plena consciencia e intencionalidad de las autoridades responsables”.
Desde el punto de vista legal, tal y como se recoge en el documento que Pérez ha entregado en el juzgado, “estaríamos en presencia de hechos constitutivos de una presunta prevaricación continuada, cuyos perjuicios económicos para la Hacienda municipal y para los legítimos intereses de la ciudadanía son incalculables”.
Estas afirmaciones se basan en que, al prorrogarse de manera automática, se “obstruyen los procedimientos de contratación basados en los principios de publicidad y libre concurrencia, así como la reiteradísima práctica de actuaciones o revisiones de precios sin justificación ni fundamento legal alguno, se han impedido a la Administración municipal seleccionar las mejores ofertas en términos de cantidad-calidad-precio de los servicios prestados por las empresas supuestamente favorecidas por un trato de favor que les ha permitido continuar gestionando, sin título legal alguno, importantes servicios públicos”, cuya prestación está bajo responsabilidad del Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto en la denuncia, el portavoz de XTF-NC ha solicitado al juzgado que admita esta ampliación del periodo de tiempo, 2013 y 2014, en el que era el alcalde de Aguere Fernando Clavijo y la incorpore a las diligencias previas 237/2018. Santiago Pérez considera además que la Secretaria General del Ayuntamiento debe remitir los expedientes administrativos en los que se han emitido los informes preceptivos de la Intervención General, así como las resoluciones de la Alcaldía o de otras autoridades municipales.
En cuanto a los posibles responsables de esta práctica habitual de prórrogas de los contratos de los servicios públicos en el Consistorio lagunero, Pérez solicita, tal y como se recoge en la denuncia, que “se cite a declarar como testigo al interventor general accidental del Ayuntamiento lagunero, Eduardo Armas Davara, y que se cite como investigados a todas las autoridades municipales que han dictado, a sabiendas de su ilegalidad, dichos decretos” (José Alberto Díaz (CC), Agustín Fernando Hernández (CC), Aymara Calero (CC), Mónica Martín (PSOE) y María José Castañeda (PSOE)). Con respecto a Clavijo por su condición de aforado, el competente es el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
Esta manera de actuar es idéntica a la que ya se está juzgando en el conocido como caso Grúas, por el que están imputados el alcalde, José Alberto Díaz, y el concejal y portavoz nacionalista, Antonio Pérez Godiño.