El secretario de Acción Institucional y Mediación de Podemos Canarias y coordinador del grupo parlamentario autonómico, Juan Márquez, manifestó ayer que el Archipiélago “puede liderar y ser la vanguardia para conseguir la regulación del cannabis en España”. Tal declaración de intenciones se produce al poco de que el líder nacional de la formación morada, Pablo Iglesias, asumiera idéntica postura a nivel estatal.
El pronunciamiento de Márquez tiene lugar tras la pasada comparecencia en la Comisión de Sanidad del titular de la Asociación de Usuarios y Estudios del Cannabis Medicinal Kaizen Tenerife, Jesús Manrique, quien solicitó en el Parlamento regional la regulación del uso terapéutico del cannabis en Canarias. Para el diputado de Podemos Canarias, “el Archipiélago puede ser un excelente escenario para que España se sume a países como Canadá legalizando el cannabis”.
Como argumentación de lo expuesto, Márquez considera que, “con la aprobación en el Senado canadiense de la legalización del cannabis en este país americano, que se formalizará en octubre, se abre de nuevo el debate sobre el uso del cannabis, tanto para fines terapéuticos como recreativos”. Eso sí, el diputado recuerda que “la regulación de este psicotrópico, del que se ha demostrado científicamente sus beneficios en el uso terapéutico para determinadas dolencias, corresponde al Gobierno de España”.
Cabe recordar que el Parlamento de Canarias instó el pasado año al Ejecutivo estatal a promover “avances sólidos, tanto en la regulación como en la interpretación jurídica, que permitan avanzar en el consumo del cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud”.
El artículo 368 del actual Código Penal prohíbe la venta de cannabis pero no su consumo, por lo que sí que es legal la venta de semillas y el cultivo y consumo personal de la marihuana en lugares privados, lo que ha permitido la proliferación de clubes y asociaciones. Sin ir más lejos, en Canarias existen en la actualidad más de 120 asociaciones de estas características.
Como la ley no distingue entre cannabis terapéutico y recreativo, han tenido que ser en los tribunales donde se han ido perfilando las diferencias. De especial interés es la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2015, y en la que se dice que “el cultivo compartido de cannabis destinado al consumo exclusivo y excluyente de quienes promueven esa producción a escala reducida, aún siendo actividad no legal, puede carecer de relevancia penal en determinadas condiciones”.
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