Canarias ejercerá su “propia” acción exterior y firmará tratados o convenios

Canarias será “informada” en “el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y en las negociaciones de adhesión, así como en los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de su específico interés”. Además, podrá formar parte de las “delegaciones españolas ante órganos comunitarios europeos”. Eso es lo que estipula el vigente Estatuto de Autonomía, el que se aprobó en 1996. La reforma que se debate en las Cortes va más allá de tal consideración: “La comunidad autónoma de Canarias participará en las instituciones de la Unión Europea, así como en los diferentes organismos internacionales, en los términos establecidos por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, los tratados y convenios internacionales, la legislación aplicable y los acuerdos suscritos entre el Estado [la Administración general] y Canarias”. Esa “participación” se producirá, en todo caso, “cuando afecte a su condición de región ultraperiférica o se traten materias como cooperación transnacional y transfronteriza, políticas económico-fiscales, de innovación, sociedad de la información, investigación y desarrollo tecnológico, cuando afecten singularmente a los intereses del archipiélago canario”. En el ámbito de sus competencias, la comunidad autónoma “desarrolla, traspone y ejecuta el derecho de la Unión Europea”. También gestionará los fondos comunitarios.

En este escenario, el Gobierno regional “informará periódicamente” al de la nación de las disposiciones y resoluciones adoptadas dentro de las referidas previsiones. Cuando una propuesta legislativa “pudiera afectar a las competencias de la comunidad autónoma de Canarias, al régimen económico y fiscal o a la condición de región ultraperiférica”, el Parlamento de Canarias “será consultado y manifestará su parecer con anterioridad a la emisión por las Cortes Generales de su dictamen en el marco del procedimiento de control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad” que define el derecho de la UE.

Dentro de los límites competenciales, el Ejecutivo canario “ejercerá su propia acción exterior, sin perjuicio de la función de representación y las atribuciones que corresponden al Estado”. En consecuencia, “impulsará aquellas iniciativas destinadas a facilitar la cooperación en aquellos países o territorios donde existan comunidades de canarios o de descendientes de estos, así como con los países vecinos y con otras regiones ultraperiféricas en el marco de los programas de cooperación territorial europeos”. A través de sus delegaciones en el exterior, “promoverá, en colaboración con el Estado, la proyección exterior de la comunidad autónoma”. El futuro Estatuto capacita al Gobierno autonómico a solicitar la celebración de tratados o convenios internacionales en asuntos de interés para Canarias y, fundamentalmente, los relacionados con su “situación geográfica como región ultraperiférica” y con los que se requieren como derivación de “políticas de cooperación al desarrollo con países vecinos y los que permitan estrechar lazos culturales con aquellos territorios donde existan comunidades canarias o de descendientes de canarios”. Canarias “estará presente en organizaciones internacionales que admitan a regiones de la UE y entidades políticas no estatales”.

Aparte de las oficinas institucionales en Madrid, Bruselas y Caracas, lo que el secesionista Govern de la Generalitat de Cataluña denomina para sí “embajadas”, el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó el 16 de agosto el listado de las entidades en el exterior beneficiarias de subvenciones para los gastos de funcionamiento: son 37 repartidas por el mundo. La cuantía oscila entre los 1.446,17 euros que recibe la Casa Pueblo Canario las 7 Islas y los 3.952,84 de la Fundación Garajonay. En junio, Fernando Clavijo anunció la creación de “un puesto de trabajo permanente en San Antonio de Texas para canalizar las inversiones desde Estados Unidos. La plaza se ubicará en la Cámara de Comercio de España.