El pasado 27 de julio, el fiscal del caso Grúas remitía a la jueza del Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna que instruye esta causa, Celia Blanco, el informe en el que solicitaba la imputación del presidente del Gobierno de Canarias por su gestión como alcalde de La Laguna en ese servicio municipal entre 2011 y 2015. Los delitos que le imputa el fiscal a Clavijo son los de prevaricación y malversación de caudales públicos. La magistrada dará traslado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), instancia competente por el aforamiento del Jefe del Ejecutivo, que dilucidará el futuro, judicial, al menos, del líder nacionalista. De momento, su partido le apoya.
En los cinco folios que rubricó, el fiscal Santiago Sánchez detalla los motivos que le hacen pensar que Clavijo (como aseguró el portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, uno de los denunciantes junto a Unid@s Se Puede) era el “director de orquesta” de las presuntas actuaciones delictivas en la gestión del servicio de grúas lagunero. Los hechos ocurrieron en 2014. El Ayuntamiento concedió un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli, SL, adjudicataria del servicio municipal de grúas y empresa que atravesaba por dificultades económicas. Casualmente, esta empresa ya había quedado en manos de un grupo de trabajadores de la misma entidad, la mayoría de ellos amigos del propio jefe del Ejecutivo. Como ahora ha ratificado el fiscal del caso, Santiago Sánchez en su escrito, la intención del exalcalde y actual presidente, era la concesión del préstamo, aún sabiendo de la ilegalidad por haberse saltado un reparo del interventor.
El texto incide en unas supuestas irregularidades, pero obvia otras, como que, a pesar de los incumplimientos de la empresa, se le prorrogó el contrato, o que esa concesión, presuntamente, recayó en un empresario muy próximo al propio Clavijo. En cuanto el informe del fiscal trascendió, las reacciones políticas no se hicieron esperar. En el Parlamento regional, la portavoz del Grupo Podemos, Noemí Santana, se adelantó a solicitar la comparecencia de Clavijo en la Cámara, para que diera detalles ante el pleno, de “las medidas a adoptar por el Ejecutivo ante una posible imputación de su presidente”. Paso previo a una moción de censura, como aseguró Santana. El PSOE, a través de su máximo responsable, Ángel Víctor Torres, estuvo algo más dubitativo al asegurar que “si finalmente el TSJC lo llama a declarara como investigado, entendemos que su obligación como presidente es aclarar a la ciudadanía desde la sede parlamentaria qué es lo que ha sucedido y así alejar cualquier tipo de duda”.
El presidente del PP en Canarias, Asier Antona, aseveró que “si comparece en el Parlamento, escucharemos sus explicaciones y actuaremos en consecuencia”. El portavoz regional de Ciudadanos (Cs), Mariano Cejas, insistió en que, “si es investigado, el presidente de Canarias debe dimitir inmediatamente”. “Los canarios nos merecemos un presidente impoluto y sin cuentas pendientes con la Justicia”, remarcó.
Mientras, para Coalición Canaria (CC), la posible imputación de Clavijo “es una oportunidad para que dé las explicaciones y relate los hechos ocurridos para aclarar todas las dudas que se están vertiendo sobre su gestión”. “Clavijo tiene todo nuestro apoyo”. “Si es necesario que el presidente comparezca, lo hará”. CC obvió: “Faltaría más”.
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, AL PARLAMENTO
El presidente del Gobierno de Canarias tendrá que comparecer en el Parlamento regional en septiembre, a petición del Grupo de Podemos en la Cámara, tras el escrito del fiscal del caso Grúas.. El partido morado solicitó que se conozcan “las medidas a adoptar por el Ejecutivo ante una posible imputación de su jefe”.
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