La constitución del nuevo Gobierno ha implicado, como ocurre siempre en estos casos en mayor o menor medida, una nueva distribución de las competencias de la Administración del Estado entre los Departamentos ministeriales, que, en algunos casos, aumentan y cambian sus denominaciones. Es un proceso respecto al que somos moderadamente críticos, en cuanto comporta una cierta inestabilidad, pero que parece inevitable. Y es inevitable porque la estructura institucional del Ejecutivo es una muestra -y una traducción- del Programa de gobierno y de los objetivos gubernamentales. Y, en ese sentido, es más fiable y más reveladora que los Programas electorales, siempre sistemáticamente incumplidos. En ocasiones, incluso, el cambio de denominación no responde a una traslación efectiva de la competencia, sino, simplemente, a un deseo de destacar la importancia que se concede a esa determinada materia. Es decir, estos cambios también incluyen una dimensión propagandística y divulgadora de intenciones.
Ahora bien, en realidad se trata de un proceso de cambio apariencial, con un modesto contenido efectivo, por el juego que tiene lugar entre los Ministerios y las Secretarías de Estado. Estas últimas, en cuanto segundo nivel competencial, son órganos propios de la Administración francesa y ajenos a la tradición administrativa española, pero que se han revelado como muy necesarios y operativos desde que fueron incorporados con éxito a nuestros organigramas ejecutivos en los primeros Gobiernos de la Transición. Lo veremos mejor con un ejemplo. El nuevo Gobierno ha creado de nuevo los Ministerios de Cultura y de Medio Ambiente, que en el Gobierno anterior eran Secretarías de Estado dependientes de un Ministerio, pero eso no significa necesariamente que la atención que se preste a esas materias y la acción de gobierno sobre ellas vayan a ser superiores. Se trata, como puntualizábamos antes, de algo que comporta una declaración de intenciones de contenido simbólico. Porque la labor y los medios de una Secretaría de Estado no tienen por qué ser inferiores a los de un Ministerio. Los secretarios de Estado hasta pueden ser convocados a los Consejos de Ministros para informar, con voz pero sin voto.
A partir de aquí, y hacia abajo, cada ministro y cada secretario de Estado introduce en los organigramas de los órganos políticos y administrativos que le son dependientes las variaciones que considera adecuadas a su acción política.
El actual Gobierno es hijo de las ideas y la asesoría del ahora jefe de Gabinete de su presidente, el consultor Iván Redondo, que diseñó en su momento las campañas electorales populares vencedoras de García Albiol y José Antonio Monago, y que le ha ganado la partida al mexicano Sergio Arriola, fracasado consejero áulico del no hacer nada de Mariano Rajoy y marido de Celia Villalobos. Y es seguro que Redondo ha llegado a asesorar también en el número y denominación de los Ministerios, y en la distribución de materias y competencias entre ellos. Porque la política y los organigramas están más relacionados entre sí de lo que pudiera parecer y los ciudadanos sospechan.
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