El Consejo Rector de Urbanismo acordó ayer la adjudicación del contrato marco para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación (PGO) y Evaluación Ambiental Estratégica de Santa Cruz a la sociedad limitada profesional Álvarez-Álvarez & Navarro, por un importe de 1,1 millones de euros, en un plazo máximo de ejecución de 17 meses. El estudio de arquitectos elegido tiene su sede en Las Palmas de Gran Canaria y 28 años de actividad profesional.
La primera teniente de alcalde, Zaida González, manifestó que la adjudicación representa “el comienzo de la cuenta atrás para que Santa Cruz se dote de una vez por todas y a la mayor brevedad de un Plan General integral y ajustado a la legalidad, que disipe cualquier duda o incertidumbre para todos los actores, públicos y privados, que interactúan en materia de planeamiento”. Hay que recordar que el actual fue anulado por carecer de estudio ambiental, fallo recurrido ante el Tribunal Supremo (TS). González recordó que, “con independencia de la suerte que corra el recurso de casación presentado ante el TS, el objetivo desde hace meses es trabajar en paralelo para corregir tantos los déficits del planeamiento de 2013 como las consideraciones que llevaron al TSJC a declararlo nulo”.
El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, indicó, por su parte, que “desde Urbanismo ya veníamos trabajando en solventar todas las deficiencias detectadas en el Plan de 2013, entre otras, las referidas a los planes parciales de desarrollo, pero ahora, tras la sentencia del TSJC, también incorporamos la Evaluación Ambiental Estratégica”. “Nuestra intención ha sido siempre que cuando el Supremo resuelva el recurso de casación, Santa Cruz esté en las mejores condiciones para aprobar un Plan absolutamente legalizado”, argumentó.
Tarife destacó que, entre otras cuestiones, la redacción del nuevo Plan persigue la simplificación del marco de actuación, de manera que el PGO no remita tanto al desarrollo de planes especiales o parciales y permita agilizar la inversión pública y privada en la ciudad.
Asimismo, el concejal avanzó que esta nueva redacción permitirá actualizar el catálogo de protección anejo y, en ese sentido, representa un cauce sensato y oportuno donde dirimir las diferencias de criterio que al respecto mantienen las corporaciones municipal e insular. De igual forma, Tarife confirmó que el futuro Plan debe desarrollar con precisión los 573.000 metros cuadrados cedidos al municipio por la compañía Cepsa.
Por último, el concejal insistió en que el planeamiento sobre el que se trabaja tendrá especial incidencia en el distrito Suroeste, al abordar la ordenación y reubicación de las actividades logísticas de carácter industrial, con el fin de recuperar suelo rústico y racionalizar los usos industriales y residenciales.
Tarife advirtió de que, aunque el plazo de entrega es de 17 meses, “lógicamente, el proceso atenderá cuantos periodos de información pública se precisen para garantizar no solo la legalidad, sino, fundamentalmente, la participación ciudadana”.
La consignación presupuestaria se distribuye en dos anualidades, a razón de 340.000 euros, y 23.800 euros de IGIC, en el presente ejercicio, y 780.000 euros, y 54.600 euros de IGIC, en 2019.
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