prendimos confiados en la lógica del pensamiento y de los números, creyendo que no hay desarrollo económico sin educación de calidad, ni democracia sin educación exigente. En momentos de desconcierto, la política se convierte en espectáculo. Hemos acabado aceptando el engaño como respuesta, no hay límites entre la verdad y la mentira, quizás convencidos de que la verdad no importa, o que ésta se soporta en valores que no existen o no se comparten. Construimos argumentos falsos, con razones en forma de verdad. Como dicen los populismos, no hay verdades, sólo versiones.
El fallo del Tribunal Supremo con el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales contra doctrina anterior dice ahora que los bancos no podían cobrar este impuesto a sus clientes. Que en cuantía del 0,5-1,5% del préstamo se ingresó en las haciendas autonómicas. La AEB, Asociación Española de la Banca, entiende que el sujeto pasivo es quien lo cobró, las haciendas autonómicas. La factura es de 4.000-5.000 meuros. La inseguridad va más allá de hundir las cotizaciones bancarias en bolsa y de sus millones de accionistas y distorsionar el mercado hipotecario y la economía. Parece un problema arrastrado del fenómeno de la demonización bancaria, de la histórica inquina hispana contra la banca. Inseguridad del Supremo, cuando entra a hacer justicia justiciera y con descuido.
Andreas Schleicher, responsable educativo de la OCDE y creador del Informe PISA, señalaba estos días en Madrid el atraso de las leyes educativas en España. Poniendo el acento en enseñar con más profundidad, evitando los currículums kilométricos de España. Opina que los docentes están bien pagados, pero con un trabajo poco atractivo. Debiendo centrarse en la mejora de la calidad del profesorado. A cuento viene de las opiniones de Tejerina, soportadas en el PISA, donde Castilla y León en el conjunto de las habilidades evaluadas, lectura, matemáticas y ciencias, se sitúa la primera de España y Andalucía, la última. Lo que asombra es que hayamos creado 17 países escolares, trinchados de conflictos políticos.
Contra el sistema lógico decimal, vemos desarrollar el nuevo Presupuesto, que sin pasar por el Parlamento es uno en Bruselas y otro en Madrid. La técnica, ya utilizada en legislaturas pasadas, permite con el juego de la posverdad, uno para cada escenario. Que estalla cuando se encuentran en el futuro o pretende forzarse con más impuestos, en lugar de menos gasto público innecesario. Igual que con el tema catalán, cuyos acuerdos no caben en la Constitución y se retuercen.
Cercanos en el lugar, perdimos en Canarias la lógica del IGIC, cuya subida provisional del 40% en 2012 se comprometieron a devolver. Recaudará en 2018 más de 2.100 meuros. Siempre aparece a la cola de las prioridades y en dosis recortadas. Bajo el falso eufemismo de recuperación de derechos perdidos, nos gastamos 220 meuros más en los funcionarios y 70 meuros más, dependiendo de Madrid, para reducir los horarios en sanidad y escuela a 35 horas. El IGIC reducido es una clave del REF, obligado para impulsar la economía y el empleo civil y no sólo el público.
La nueva Ley del Suelo y el Estatuto de Canarias funcionan también ajenos al sistema lógico decimal. Se monta la primera sobre un elevado nivel de intervencionismo público, donde no se equilibran los plazos y medios posibles con las obligaciones que impone. Se utiliza la ley de transparencia, la participación pública y la evaluación ambiental, contra la Bolkestein y en el juego de las competencias contra Madrid.
El Estatuto recrece la política y diluye las fronteras competenciales con el Estado, campo abierto a los conflictos y a la exportación de responsabilidades. Alejados del sistema lógico decimal, avanzamos tropezando.
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