El pasado miércoles 24 de octubre culminó en el Senado la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y, asimismo, del nuevo REF económico, y ahora, además, mucho más social, más influyente en asuntos que mejoran la vida de la gente. Se cierra así un largo proceso de varios años de trabajo y debate que ha posibilitado alcanzar un amplio acuerdo entre las formaciones políticas y que establece un marco positivo para Canarias en los ámbitos competenciales, democráticos, económicos y sociales.
Como se sabe, el nuevo Estatuto llega con un significativo retraso: 12 años después de un frustrado intento. Coalición Canaria se encargó, en su momento, de evitar que se debatiera y aprobara por sus temores a que se introdujeran cambios en el sistema electoral canario. Esto parecía importarles mucho más que el hecho de que nuestra comunidad ampliara el ámbito competencial o incluyera nuevos derechos de ciudadanía.
El nuevo Estatuto constituye, sin duda, un enorme avance. Aunque en su tramitación se han rebajado algunos planteamientos competenciales respecto al texto que salió del Parlamento de Canarias. Pero hay dos grandes asuntos de un gran valor que se han incorporado en el trámite en las Cortes Generales: la separación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de los que corresponden a la financiación autonómica y la reforma del injusto y poco proporcional sistema electoral canario. Desde Nueva Canarias, condicionamos las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 y para 2018, exigiendo el desbloqueo de esos dos asuntos trascendentales para Canarias.
Lo primero ha posibilitado incrementar notablemente los recursos económicos de los que dispone nuestra comunidad para financiar las distintas políticas públicas. Lo que ha supuesto unos 220 millones de euros adicionales en 2017, más de 440 millones de euros en el actual ejercicio y casi 600 millones de euros el próximo año. Se trata de recursos que van destinados a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Permiten además superar la pérdida de participación que nos lastró entre 2009 y 2016, cuando estábamos anualmente unos 600 millones de euros por debajo de la media de las comunidades de régimen común, en el lamentable acuerdo entre PSOE, PP y CC.
En relación a lo segundo, dispondremos de un sistema electoral más justo y equilibrado. Con un diputado más para Fuerteventura y nueve para una lista archipelágica que mejora moderadamente los niveles de proporcionalidad. Además, se rebajan las elevadas barreras electorales hasta ahora existentes, pasando del 30% insular y el 6% autonómico al 15% y el 4%, respectivamente. Quiero significar aquí el esfuerzo realizado por la mayoría de las formaciones políticas para buscar un acuerdo más allá de sus posiciones iniciales y, asimismo, la relevante tarea desarrollada por el foro cívico Demócratas para el Cambio. Por otra parte, el reformado Estatuto reconoce, por primera vez, las aguas canarias, se eliminan los aforamientos, se abre la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, y se incluye a La Graciosa como octava isla. Además, la próxima reforma estatutaria deberá ser ratificada por la ciudadanía en referéndum.
Asimismo, más de una veintena de artículos se dedican a derechos cívicos. Comprometiendo a los poderes públicos en el derecho a la igualdad de trato y “la no discriminación por sexo, género, nacimiento, etnicidad, ideas políticas y religiosas, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, lengua…”, asegurándose que se podrán implementar “acciones positivas en beneficio de sectores, grupos o personas desfavorecidas”. También se recoge un compromiso explícito por la tolerancia, la paz y la cooperación al desarrollo. El capítulo II, Derechos y Deberes, desarrolla elementos que van desde la familia a la situación de los menores y mayores, pasando por las personas en situación de discapacidad y dependencia, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud y la educación, el acceso a la vivienda o el ámbito de las relaciones laborales. Incluye, por otra parte, una significativa novedad: el artículo 24 reconoce el derecho a una renta de ciudadanía, la renta básica canaria que venimos solicitando desde hace varios años. Pese a los intentos de maquillaje del Gobierno canario, los informes más rigurosos siguen confirmando los altos niveles de pobreza y exclusión social que se padecen en Canarias. Y no limitarse a realizar estudios y encuestas. También el recién aprobado nuevo Régimen Económico y Fiscal interviene en ese asunto. Conseguimos en las negociaciones con el anterior Gobierno del Estado que se reconozcan ayudas a Canarias en las cuentas públicas estatales destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social, mientras esta comunidad se encuentre por encima de la media estatal en estos parámetros.
Otros aspectos muy sensibles del reformado REF son el blindaje del 75% de bonificación a los billetes aéreos y marítimos, tanto interinsulares como los que corresponden a traslados con el resto del Estado, así como el 100% de bonificación en transporte de mercancías. Se reitera, en su articulado, la separación de los ingresos del REF de los de la financiación autonómica, se incluye un amplio paquete de medidas de apoyo a nuestro sector primario, así como otras destinadas al mercado audiovisual, al sector energético y al resto de las actividades industriales. Con el reformado Estatuto y el nuevo REF no se resuelven todos los problemas de Canarias, como los que afectan al empleo, a la calidad de los servicios públicos o a la superación de las enormes desigualdades sociales. Esa labor le corresponde a la política y a las instituciones, y a los gobiernos que las dirigen.
La superación de los actuales déficits no se encuentra entre las prioridades del actual Gobierno canario, como confirma el acuerdo CC-PP para las cuentas públicas para 2019, que incluye una reducción de ingresos que no permitirá alcanzar el 4% del PIB en materia educativa, ni solventar los graves problemas de la dependencia, ni afrontar la lucha contra la pobreza. Disponemos de más recursos con las leyes estatales de presupuestos de 2017 y 2018, más capacidad de autogobierno, más democracia y un REF que ofrece respuestas en los ámbitos sociales y económicos. Solo falta un Gobierno que, tras las elecciones de mayo, impulse esas imprescindibles tareas.
*Portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias
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