Tanto el PSOE como Sí se puede han criticado con dureza la política social de las instituciones gobernadas por Coalición Canaria, particularmente el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al hilo del posible desahucio de 358 familias en Añaza.
Así, los socialistas han recordado que tanto el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, como el presidente regional, Fernando Clavijo, rechazaron en su día la propuesta realizada por la entonces vicepresidenta autonómica, Patricia Hernández (PSOE), para que se destinaran diez millones del llamado Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) a la adquisición de viviendas públicas.
“Cuando había recursos, el Gobierno de Canarias no los dedicó a vivienda social, lo dedicó a la iniciativa privada. Y en este momento son incapaces de ofrecer soluciones serias y coherentes no sólo a las familias en proceso de desahucio, sino a las que están en las listas de espera para acceder a una vivienda”, recalcaron ayer tanto el vicepresidente del Cabildo Insular, Aurelio Abreu, como la directora Insular de Vivienda, Marta Arocha, ambos del PSOE, para quienes “es un ejemplo más que demuestra que el Gobierno de Canarias no tiene una política real de acceso a la vivienda en Tenerife”, y que tampoco puede garantizar “un derecho fundamental como es el acceso a una vivienda digna y adecuada para los ciudadanos”. Eso sí, Abreu (que también es consejero insular de Vivienda) resaltó “el trabajo que está realizando la directora insular de Vivienda del Cabildo en esta materia, y que ha supuesto la paralización de 23 desahucios en la Isla en lo que va de año, además de tramitar ayudas económicas a un total de 55 familias”. En cuanto a Sí se puede, su concejala capitalina Asun Frías reclama al Ayuntamiento una verdadera implicación con el tema de la vivienda, asegurando que solo en El Sobradillo, hay 30 viviendas públicas vacías. “Es intolerable que se nos diga que oficialmente no hay viviendas disponibles cuando sabemos que no es verdad”.
demás, Frías denunció que cuando se concede un alquiler social como por ejemplo a las familias de Añaza afectadas por una amenaza de desahucio, deben renunciar a formar parte de la lista de demandantes de vivienda. Sus compañeros de La Laguna no van a la zaga. La concejala de la Ciudad de Los Adelantados por Unid@s se puede Fátima González solicitó ayer que el gobierno municipal retire los posibles fondos que pudiera tener del Santander en solidaridad con los vecinos de Añaza. situación que calificó como “gravísima porque atenta contra los derechos humanos más básicos de los afectados”.
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