El nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias presenta al Archipiélago como una comunidad ultraperiférica, sin políticos regionales aforados y con un nuevo sistema electoral cuyo reto es transformar de forma más fiel los votos en escaños. La desvinculación de la financiación autonómica de las compensaciones previstas a las Islas en su Régimen Económico y Fiscal (REF) es una de las principales novedades de la norma, por las mejoras en los fondos del Estado que pueden recibir y, de hecho, los poderes públicos habrán de modular sus políticas para adaptarlas a la lejanía y la insularidad, una circunstancia territorial que se resume en el concepto de ultraperificidad, ya reconocido en el marco de la Unión Europea.
La posibilidad de que el Gobierno de Canarias apruebe decretos leyes, la facultad del presidente para disolver anticipadamente el Parlamento autonómico y la obligación de que futuras reformas (no esta) sean aprobadas en un referéndum también distinguen a este texto de 202 artículos del aprobado en 1982 y reformado en 1996, que solo contaba con 65.
La definición de un nuevo sistema electoral, que sube el número de diputados de 60 a 70 y que rebaja las barreras de acceso al Parlamento es una de las principales novedades; sobre todo, por la inclusión de una innovadora circunscripción regional que se suma a las siete insulares, con vistas a dar más proporcionalidad a una Cámara en la que están sobrerrepresentadas las islas menos pobladas. El desaforamiento de los miembros del Parlamento y del Gobierno autonómicos, que por primera vez se da en España, no aparece de forma expresa en el texto estatutario, que se limita a suprimir la restricción del Estatuto reformado cuando establecía que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias decidir sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio.
El Estatuto incluye una amplia lista de derechos, como el de disponer de una renta ciudadana en caso de exclusión social o a contar con una “buena administración” pública, reconoce que los animales son “seres que sienten” y no podrán ser utilizados en actividades que conlleven maltrato o crueldad.