La consejera de Empleo, Políticas y Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha reconocido que ha solicitado información al Grupo Santander al objeto de poder hacer una oferta desde el Ejecutivo regional con el objetivo de adquirir las 358 viviendas del santacrucero barrio de Añaza, que la entidad financiera pretendía vender a un fondo buitre llamado Cerberus.
Así lo comunicó ayer Valido tras desvelar que había celebrado en Madrid una reunión con un representante de la entidad bancaria cuya identidad no especificó (al parecer se trata de la número dos del consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair Hurtado), durante la cual, según detalló la propia consejera regional, “hemos quedado en compartir información que ellos tienen sobre las viviendas y las personas que las ocupan a fin de tratar de encontrar lo antes posible, en una semana, una cifra que nos permita negociar”.
Valido incidió en la necesidad de contar con más información, dado que “hay muchos datos que necesitamos tener y estamos a la espera de recibirlos, para, a partir de ahí, poder establecer una cifra y empezar a acercarnos al acuerdo para la adquisición de las viviendas”.
Un día antes, la consejera quiso matizar ante la Cadena SER que, en realidad, el presidente autonómico no quiso anunciar un preacuerdo para la compra de estas viviendas, sobre cuyos habitantes pesa la amenaza de un desalojo masivo, sino simplemente la intención de negociar la adquisición de las mismas. Sin embargo, el comunicado oficial del Ejecutivo regional no deja a lugar a dudas sobre lo pactado: “El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, alcanzaron este jueves, 18 de octubre, un preacuerdo que permitirá al Gobierno de Canarias la adquisición de las viviendas de las promociones del barrio de Añaza propiedad de la entidad bancaria”. Lo que sí apuntó la consejera autonómica es que las viviendas contaron para su construcción, acaecida en 2006, con una subvención del Gobierno de Canarias de cinco millones de euros.
Cabe añadir que el anuncio del preacuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Grupo Santander se produjo al día siguiente de que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Cabildo amagaran con retirar un total de 29 millones de euros de dinero público de las cuentas de la entidad financiera, en señal de protesta por la ausencia de noticia alguna por parte del Santander, que ignoró los escritos remitidos desde las instituciones canarias durante la semana anterior.
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