La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional de la Magistratura (la primera y la tercera son mayoritarias) manifestaron ayer su gran malestar en relación con las declaraciones del consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y secretario general de CC, José Miguel Barragán, relativas a la actuación del Ministerio Fiscal en el caso Grúas, en las que aseguró que resulta “curioso que el cambio de criterio de la Fiscalía en La Laguna se haya producido tras la llegada de Pedro Sánchez” a la Moncloa.
Precisamente, hoy se publica en el BOE el Estatuto canario, el primero en España que elimina los aforamientos, con lo que el presidente Fernando Clavijo pierde tal cobertura especial y el caso Grúas ha de retornar a los Juzgados de La Laguna.
Las dos asociaciones de fiscales y la de magistrados denunciaron que “la actuación del Ministerio Fiscal se encuentra sujeta al principio de legalidad e imparcialidad, con plena autonomía para el ejercicio de las funciones que constitucionalmente se le atribuyen”. Además, según recoge el documento, consideraron de extrema gravedad “las insinuaciones sobre el retraso malicioso en la emisión de informes y cambios de criterios en la posición del Ministerio Fiscal, sobre todo cuando las mismas provienen de quien, por el cargo que ostenta, debiera ser conocedor del funcionamiento ordinario de la administración de justicia”.
Las citadas asociaciones calificaron también de “evidente” “la insuficiencia de medios materiales y personales en muchas sedes de partidos judiciales y fiscalías de Canarias, cuyas competencias se encuentran transferidas a la comunidad autónoma y de las que es el máximo responsable el consejero de Justicia”, por lo que “sorprende que su mayor preocupación sea la duración del trámite de un procedimiento judicial concreto que afecta al representante de un partido político”. En lo que se mostraron más contundentes fue cuando sentenciaron que “de modo alguno se van a tolerar las presiones e intromisiones por parte de otros poderes públicos en el ejercicio de las funciones en la que diariamente se empeñan los miembros del Ministerio Fiscal en esta comunidad autónoma, con el único norte de la legalidad y la imparcialidad, y que cuentan con nuestro expreso apoyo y reconocimiento”.
Las citadas asociaciones manifestaron su “confianza absoluta” en los órganos judiciales, “cualquiera que sea su jerarquía y ubicación, y exigimos respeto a su independencia, en cumplimiento de la función que tenemos legalmente encomendada”.
Los profesionales de la Justicia irán a la huelga el próximo día 19
Las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han convocado una jornada de huelga (critican falta de medios, entre otras quejas) para el día 19. Aseguran que el Ministerio de Justicia no atiende sus reivindicaciones y advierten de que si no reciben respuestas “adecuadas”, volverán a convocar “nuevas medidas de presión”.
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