CASO GRÚAS - LA LAGUNA

La Fiscalía informará esta semana sobre si el TSJC aún es competente pese a dejar de ser aforado Clavijo

Los expertos consultados auguran que la sala devolverá las diligencias al juzgado lagunero, una decisión que se adoptará en cuanto se reciba la valoración del Ministerio Público

Ciudad de la Justicia en Las Palmas de Gran Canaria. DA

Salvo imprevisto de última hora, la Fiscalía informará antes de que termine esta semana (o sea, el viernes como muy tarde) sobre el caso Grúas, tras ser requerida para ello de forma perentoria por parte de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a instancias de la representación legal del presidente del Gobierno autónomo, Fernando Clavijo, que dirigió la semana pasada un escrito al alto tribunal canario protestando por el retraso del Ministerio Público a la hora de pronunciarse sobre este asunto, además de abogar por el sobreseimiento general de la causa.

El tan esperado informe de la Fiscalía versará, como es preceptivo para estos asuntos, sobre dos cuestiones: la competencia jurisdiccional (si corresponde al TSJC o no asumir el caso como propio) y el contenido del mismo (apreciar si los indicios de criminalidad detectados por el juzgado instructor en la actuación de Clavijo son suficientes o no para imputarle o, lo que es lo mismo, para continuar con la investigación judicial sobre el que fuera alcalde lagunero).

Dado que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado la reforma del Estatuto de Autonomía, ya ha entrado en vigor la supresión de los aforamientos que se contempla en su articulado, por lo que desaparece así la única causa por la que este caso, al estar involucrado Clavijo, pasaba a ser competencia del TSJC.

La novedad afecta directamente a este caso Grúas, a tal punto que los juristas consultados auguran (prácticamente de modo unánime) que la consecuencia directa del fin del aforamiento de Clavijo será la devolución de estas diligencias al Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, donde ya figuran como investigados el actual alcalde de la Ciudad de los Adelantados, José Alberto Díaz, y el también edil de Coalición Canaria en dicho Ayuntamiento Antonio Pérez Godiño.

Como quiera que el informe de la Fiscalía llega tras entrar en vigor la referida supresión de los aforamientos, el sentido común avala el pronóstico de que dicho documento lo tendrá presente a la hora de valorar si es competente o no el TSJC sobre este asunto. Aún en la hipótesis de que el Ministerio Público recomiende la devolución al juzgado de origen, también incluirá su opinión sobre si Clavijo debe ser imputado o no.

Un dato más. Fuentes conocedoras del proceso confirmaron ayer a DIARIO DE AVISOS que la Fiscalía canaria trabaja sobre el caso Grúas de forma coordinada con la Fiscalía General del Estado, tal y como tiene por costumbre en aquellos asuntos de particular relevancia, como es el que nos ocupa. Por citar otro ejemplo, así ocurrió con el igualmente polémico caso del magistrado Salvador Alba.

Resta recordar que, en todo caso, la decisión final sobre si es o no competente y si imputa o no a Clavijo será adoptada por la Sala de lo Penal del TSJC, lo que presumiblemente se producirá la semana que viene, y en todo caso una vez que reciba el informe de la Fiscalía que nos ocupa.

presión

Por otra parte, la presión promovida desde Coalición Canaria contra la Justicia en general y la Fiscalía en particular, que ya motivó un comunicado de repulsa por parte de asociaciones de magistrados y fiscales, causó ayer el rechazo de distintas fuerzas políticas. Así, el portavoz de Justicia del PSOE en el Parlamento regional, Gustavo Matos, acusó a CC de “enfangar de manera irresponsable” la Justicia. En declaraciones a Europa Press, Matos sostuvo que lo que trata CC es de “incendiar Canarias para salvar a Clavijo”, abriendo a su entender una “crisis institucional” debido a las “gravísimas acusaciones, manipulaciones y falta de imparcialidad de Barragán”. A su vez, el portavoz autonómico de Ciudadanos, Mariano Cejas, mostró el apoyo de su partido a las asociaciones de fiscales y al resto de profesionales de la judicatura, puesto que “no es de recibo que el Gobierno de Canarias y CC hayan puesto en duda la labor que realizan, al acusarles supuestamente de retrasar el informe sobre la imputación o no de Fernando Clavijo por el caso Grúas. Es intolerable que CC pretenda meter las zarpas en la Justicia, y más que lo haga el responsable autonómico de Justicia, José Miguel Barragán”.

También se mostró crítico el portavoz de Por Tenerife-Nueva Canarias, Santiago Pérez, para quien “no es imprescindible tener conocimientos jurídicos para ser consejero de Justicia, pero lo que no puede pasar es que tras ser nombrado haga una exhibición pública de su ignorancia”. Pérez añadió que “acusar a meros ciudadanos de presionar a los tribunales, cuando el Gobierno está haciendo lo que está haciendo, hasta el punto de que las principales asociaciones judiciales y fiscales han repudiado sus presiones, es simplemente una broma macabra”. Ante el chaparrón, Barragán negó ayer que el Gobierno de Canarias “esté tratando de presionar de algún modo a jueces o fiscales”, y quiso aclarar que “tanto Fernando Clavijo como el partido únicamente piden a la Fiscalía que emita ya su informe”.