Todos los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de La Laguna, incluido el PSOE, que abandonó el Gobierno municipal recientemente, solicitarán más información sobre los casi cuatro millones de euros (3.817.192,95) que le reclamará el Cabildo de Tenerife, vía demanda judicial al Consistorio de Aguere, por el sistema urbano de transporte del municipio en 2014, 2016, 2017 y 2018, tal como adelantó en su edición de ayer DIARIO DE AVISOS.
A pesar de la trascendencia de la noticia y de las posibles consecuencias de la misma, no solo para la continuidad del transporte urbano de La Laguna, sino para el propio balance de las cuentas de Titsa, nadie del Cabildo de Tenerife ni de la compañía de transportes pública quisieron hacer declaraciones ante la solicitud de este periódico.
No es el caso del Ayuntamiento lagunero, cuya concejala de Hacienda y primera teniente de alcalde, Cande Díaz (CC), aseguró ayer que “no es un problema de impagos, sino que no teníamos la herramienta jurídica para poder abonar el dinero a Titsa”. “Los técnicos no sabían si era un convenio o lo que fuera, pero cada año esa partida siempre ha estado en el presupuesto, pero no se ha abonado a Titsa porque no teníamos la citada herramienta jurídica”. Díaz aclaró que esta disparidad de criterios entre los técnicos del Cabildo y los del Consistorio para solventar el conflicto ha provocado la demanda, aunque entendió que “ahora que ya tenemos la acción de Titsa, tal y como solventó el problema el Ayuntamiento de Santa Cruz en diciembre de 2017, lo hará el de La Laguna”. La primera teniente de alcalde negó sentirse sorprendida por la decisión de la Corporación insular de demandar vía judicial los casi cuatro millones de euros por el transporte urbano lagunero, porque “los técnicos del Cabildo tendrán que plantear lo que tengan que plantear”.
Antecedentes
En 2009 se firmó el último contrato entre la compañía y Titsa, que venció en 2013 porque se fue prorrogando legalmente, según las fuentes municipales consultadas por este periódico, dato que no aparece en el informe del auditor de la compañía que ratificaba que el servicio se había prestado de manera irregular desde el año 2009. Es por este motivo por el que desde 2014 no ha habido título habilitante para pagar a Titsa.
Las mismas fuentes locales confirmaron ayer que el Cabildo ha ido rechazando una tras otra las diferentes propuestas de contrato-convenio-encargo (por criterios técnicos diferentes a cada trámite) que se han ido promoviendo desde La Laguna para formalizar el necesario documento de relación contractual para justificar ese pago. Si no se formaliza desde el Cabildo la relación contractual, es imposible pagar sin reparo de la Intervención, que no acepta, como es lógico, el carácter retroactivo de la deuda, sin dicho documento. Hoy por hoy, al parecer, la única forma que tienen de que el Cabildo pueda cobrar la deuda es con la citada demanda.
Otra opción que podría haber evitado este conflicto tiene que ver con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la cual obliga a las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de su propio transporte público.
En Tenerife hay tres municipios que superan los 50.000 habitantes: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Arona, por lo que estarían obligados, por ley, a prestar este servicio urbano de transporte público, como ocurre, por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria. En la capital tinerfeña y en Aguere ha sido Titsa, al igual que en el resto de la Isla, la que ha monopolizado el transporte público de viajeros, sin que ninguno se haya atrevido a convocar un concurso público para prestar el citado servicio.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas