El sindicato Docentes de Canarias Insucan no falta a su cita anual con los Presupuestos autonómicos. En esta ocasión, José Ángel Amador ha elaborado una comparativa con lo ejecutado en 2017. El global del proyecto de las cuentas de referencia superó los 7.300 millones de euros. Según la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, el grado de ejecución llegó al 95,13%. Ese año se aprobó una Ley de Crédito Extraordinario por un montante de 350 millones de euros para los servicios públicos esenciales y se añadieron partidas procedentes de la Administración General del Estado en el marco de la agenda canaria. La comunidad autónoma cerró el ejercicio presupuestario de 2017 con un superávit de 295 millones de euros, equivalente al 0,67% del producto interior bruto (PIB).
En lo que respecta a 2019 (8.799.731.255), lo más relevante que observa Amador es que, con un total de 2.833.307.159 de euros (un 1,99% más que en 2018), la Consejería de Sanidad registra un presupuesto 21 millones de euros inferior al ejecutado de 2017. La mayor parte de las cantidades se transfiere al Servicio Canario de la Salud (3.007.123.319), que disminuye en 11 millones de euros en relación a 2017 (ejecutado). En los servicios generales de Sanidad, el programa de la Dirección Política y Gobierno está dotado con 591.849 euros. De es cifra, 535.849 euros son para gastos de personal: las retribuciones de los altos cargos se llevan 67.906; el personal eventual, 198.954; el funcionariado y el personal estatutario, 160.138 euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios se elevan a 56.000 euros. Entre estos, las indemnizaciones por razón del servicio ascienden a 40.000 euros. Para mobiliario y enseres se reservan 3.300 euros; material de oficina ordinario no inventariable, 3.000, y prensa, revistas, libros y otras publicaciones, 1.300 euros. En la casilla de la Dirección Administrativa y Servicios Generales de la Secretaría General Técnica figuran 2.600 euros para “vestuario y lencería”.
En Educación y Universidades (1.716.605.041,00, una variación al alza de 132.312.724,38 en relación al ejecutado de 2017) llama la atención el incremento en Infantil y Primaria: “Sube mucho más que el de Secundaria, cuando el próximo año, con la reducción de las horas lectivas de las 20 a los 18, hace falta más dinero. La consejera [Soledad Monzón] calculó el coste en 58 millones de euros, con la implantación total. Nosotros lo habían cifrado en 50 millones. Si a partir de septiembre se acomete una tercera parte, se requerirían casi 20 millones de euros. Creemos que la partida es insuficiente”. Otro detalle que señala Amador: “La inversión cae en cinco millones de euros. En las transferencias corrientes, que son subvenciones, se observa que lo que se destina a los centros concertados crece en 10 millones, lo cual evidencia las intenciones”.
Al entregar la documentación (cifras y letras) a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias, Dávila situó los Presupuestos en “la senda del objetivo” de dedicar el 5% del PIB a Educación en 2022, habida cuenta de que avanza un 4,1%.
Del resumen de gastos por secciones se desprende que el capítulo I (personal) suponen más de 1.121 millones de euros en Educación y Universidades, y 2.930.391, en Sanidad. Las inversiones reales previstas son de 22.648.485 en el primer caso y de 115.296 euros en el segundo. A La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad recibirá 129.768.841 para el personal y 23.716.979 en inversiones reales, mientras que Empleo, Políticas Sociales y Vivienda gestionará 48.473.491 para gastos de personal y 5.701.241 euros en inversiones reales (capítulo VI).
José Ángel Amador detecta un tufillo electoralista: “Habitualmente, hay partidas que se utilizan para distraer. Por ejemplo, se pone dinero para la construcción de un instituto y al año siguiente desaparece. En 2019, con más motivo”.
