El Gobierno de Canarias ya negocia directamente con el Banco Santander la compra de los 358 pisos del santacrucero barrio de Añaza afectados por un posible desahucio masivo en caso de que finalmente fueran vendidos a un fondo buitre llamado Cerberus, en el marco de una macroperación que incluye unos 37.000 inmuebles repartidos por toda la geografía nacional. El inicio de dichas negociaciones fue confirmado ayer a DIARIO DE AVISOS por la directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICV), Pino de León, quien aseguró que “el objetivo es llegar a un acuerdo por una cantidad a la baja respecto a la tasación realizada por el perito del Gobierno de Canarias, y, como no puede ser de otra manera, que sea beneficioso para el interés público”.
Precisamente, es la propia De León quien ha representado al Gobierno de Canarias en estos contactos iniciales con la entidad financiera. “Es importante que, hasta ahora, la interlocución con el banco esté siendo fluida, pero aún queda mucho camino por recorrer, ya que después de alcanzar ese acuerdo sobre el precio de estas 358 viviendas habrá que continuar con lo previsto en este tipo de procedimientos para que se tramiten con todas las garantías”, detalló la directora del ICV, que quiso enviar “un mensaje de tranquilidad a los vecinos, porque tanto el Gobierno de Canarias como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife siguen de su lado, como se aclaró desde un primer momento”.
Estas negociaciones entre el Ejecutivo regional y el Santander para adquirir las 358 viviendas llegan tras un preacuerdo que, a tal fin, anunciaron el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el consejero delegado de la entidad para España, Rami Aboukhair, y estuvieron precedidas por el trabajo de tasación de las mismas.
En paralelo a tales contactos, desde el ICV se trabaja igualmente en recopilar toda la información relacionada con los pisos, que mantendrán su condición como protegidos hasta 2021, cuando se cumpla el plazo de 15 años desde la edificación de estos inmuebles. Dichos datos, recuerda Pino de León, “son imprescindibles para afrontar cada caso en función de las características de cada una de las familias que residen en estas viviendas”.
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