Ofrecen las pensiones en España y la Europa del brexit algunas similitudes que se prestan a valorarlas en común. Aunque sea una curiosidad, el monto económico de sus presupuestos año es análogo, en torno a 145.000 millones de euros. Con que se paga el presupuesto total de la UE y a los 9,6 millones de pensionistas de España. Ambos en crisis abiertas y desplazadas sus soluciones al futuro. Los problemas políticos en Europa no se están resolviendo en el campo de la política, se trasladan en el tiempo y es la oportunidad la que va dando remedios parciales al asunto en trámite.
En España hemos descolgado el crítico problema de las pensiones del Pacto de Toledo, trasladando sus soluciones al campo de la política, en la subasta pública de quién da más. En un sistema de reparto público, para el colectivo más amplio y fiel de votantes útiles. Se obvia entrar en su obligada reforma, con lo que se dificulta revertir un sistema que nos acabará pillando en la trampa de la pobreza. Las pensiones son ya el 40% del gasto público y superan el 12% del PIB. En los índices mundiales que las miden, de acuerdo con el poder adquisitivo, sostenibilidad e integridad de país, España se sitúa en el puesto 23 de las 34 consideradas. Siendo precisamente la sostenibilidad el factor más crítico. Los países del mundo con sistemas de pensiones estabilizados están sostenidos en una pensión pública básica, con un complemento de pensión privada obligatoria y/o voluntaria de asignación personal. En todos ellos importa una fiscalidad sólida y estable. Todos vienen aumentando las edades de jubilación y permitiendo compatibilizarla con el trabajo. España mantiene la tasa de sustitución, relación entre la pensión media y el salario medio más alto de la OCDE. Será la nación más longeva del mundo, mantiene altas tasas de paro, con niveles de salario medio por debajo de la pensión media y la natalidad más baja del mundo. La financiación de las pensiones, con cuotas empresariales, penaliza el trabajo y a la empresa y, con ello, a la competitividad y las exportaciones. Con la política, nuestras pensiones están en quiebra.
Mal empezó el brexit, cuando Cameron convocó un referéndum movido por los líos internos de su partido. Obligó a activar en 2017 el artículo 50 del Tratado de la UE, cuyo plazo vence el 29 de marzo de 2019. Luego de ratificarlo por los parlamentos de la UE y británico. El plazo puede ampliarse con la unanimidad de los 27 miembros de la UE. El acuerdo del Consejo tiene 185 artículos y 3 protocolos, entre ellos Gibraltar. Luego de Lisboa, los acuerdos con validez jurídica se toman en Europa con el 72% de los países, 20, y el 65% de su población. Los protocolos sólo tienen valor político.
Tal y como va el juego, tiene escasas salidas desde la política. No es posible renegociarlas al no aceptar Reino Unido la libertad de establecimiento de personas. Es difícil una moción de censura, nuevas elecciones inciertas, segundo referéndum no, aprobación parlamentaria en Londres en su contra. La salida hoy es no darle salida, sino ganar tiempo. El mejor indicador de esta tesis es que los funcionarios británicos de la UE siguen en sus puestos. Ni siquiera el modelo Canadá Plus o el Noruega Max son posibles. Reino Unido, con el cheque Thatcher, compensó la Política Agraria Común (PAC) y no se encuentra en el espacio Schengen, ni en la moneda, ni el Espacio Económico Europeo, ni en la EFTA (Acuerdo Europeo de Libre Comercio), pero sí en la OTAN.
Favorables a una salida que restablezca una relación futura privilegiada, una transición flexible, con una desconexión gradual y blanda o reversible. Hay 3,4 millones de europeos en Reino Unido y más de 2 millones de británicos en Europa, que serán moneda de cambio en cualquier acuerdo, junto con las fronteras blandas. Superar los populismos lleva su tiempo.
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