Un problema para los casi 200 internos y los 170 empleados que allí trabajan. La empresa que gestiona la residencia de mayores Amavir Santa Cruz estudia alternativas para todos ellos, toda vez que ven “casi imposible” poder continuar con su labor después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que declara el cierre del centro.
“El problema viene de un pleito antiguo, de la denuncia de un vecino a la anterior propiedad del centro”, reconocía a Diario de Avisos Roberto Rodríguez, portavoz de la residencia, que desvelaba que dicha denuncia busca la nulidad de las licencias lo que hace “francamente difícil” poder seguir desarrollando su actividad: “A nosotros nos encantaría pensar que hay solución porque estamos muy contentos con la gestión de este centro. Todas las familias están encantadas, pero, por desgracia, vemos que la realidad jurídica es la que es. A día de hoy estamos sin licencia y así, por supuesto, no podemos mantener el centro”.
Rodríguez indicó que han hablado con Cabildo insular y Ayuntamiento de Santa Cruz, desde donde les han llegado posibles alternativas, pero no mantienen demasiadas esperanzas: “Desde el Ayuntamiento van a intentar dirigirse al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para ver si es posible ampliar el plazo de ejecución de la sentencia, sobre todo para poder organizar las salidas de las familias”.
La intención es la de poder ofrecer soluciones. A los trabajadores se les ofrecerá la opción de trasladarse a otros centros que la empresa mantiene en Canarias, mientras que ayudarán a los familiares de los internos a encontrar también una posible solución: “Es, indudablemente, una situación dura para todos. Nos hemos reunido con el comité de empresa porque en todo momento nuestra intención era la de actuar con la máxima transparencia desde el primer momento. Tenemos otras residencias en otros lugares del Archipiélago y de la Península, por lo que buscaremos la posibilidad de recolocarlos”.
