La nueva ordenanza reguladora del uso de la bicicleta, patinetes y espacios peatonales en el municipio de La Laguna, elaborada desde el área de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento, prevé la creación de un registro de bicicletas, de inscripción voluntaria y que gestionará la propia área municipal.
Según recoge el texto de la ordenanza, este registro se creará con el objetivo de “evitar los robos o extravíos de las bicicletas y facilitar su localización”, y podrán registrarlas todos los mayores de 14 años que posean bicicletas que dispongan de número de serie. En el caso de menores de 14 años, la inscripción se realizará a nombre de sus progenitores o tutores legales.
Asimismo, mediante acuerdo o resolución del órgano competente, se establecerán las instrucciones para el funcionamiento del registro, así como para su promoción y fomento. Se creará, además, una tarjeta municipal de identificación de bicicletas, bajo el número del citado registro, que será facilitada a su titular por parte del Ayuntamiento, según recoge la ordenanza.
Antes del verano
Esta nueva ordenanza desarrolla la normativa de aplicación a los usuarios de bicicletas, patinetes o análogos en el municipio, así como para el uso del espacio público peatonal, y, en ambos casos, un régimen específico de sanciones. También se desarrolla la implantación del alquiler de bicicletas, de la red de aparcamientos o el concepto y desarrollo de los carriles ciclables, ciclistas o/y carriles bici, entre otros puntos.
La ordenanza se comenzó a tramitar en 2015, para sustituir el decreto-bando regulador del uso de la bicicleta en las calles peatonales de la ciudad, de 2006. Durante su redacción, se han ido incorporando propuestas y soluciones aportadas por vecinos, técnicos, partidos políticos y diferentes entidades.
A comienzos del pasado año, la redacción del texto se congeló a la espera de conocer los criterios del plan insular de la bicicleta, documento que aprobó el Cabildo el pasado noviembre y cuyas disposiciones, adaptadas a la realidad municipal, se han incluido en el borrador.
“Nuestra idea es poder llevarla al Pleno en febrero o marzo para su aprobación inicial, y abrir un proceso de aportaciones o alegaciones y después resolver, aunar y aprobar, si se puede, en el pleno de mayo. Este calendario depende no solo de la voluntad de este concejal, sino de que podamos tramitar la parte administrativa y jurídica a tiempo, y que luego logremos consensos para su aprobación final”, explicó el edil responsable del área, Jonathan Domínguez.
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