Una comisión de unos 15 familiares de los afectados por el cierre del centro de mayores de Ifara, en Santa Cruz de Tenerife, se reunió ayer para realizar una primera valoración de la situación y comenzar a adoptar medidas. Así, la primera de ellas va a ser la consecución de un local, que ya tienen prácticamente cerrado, donde convocar a todos los familiares de los casi 180 mayores afectados por el cierre y realizar así una asamblea general para movilizarse, según informaron ayer desde la propia comisión.
El objetivo prioritario de este grupo de familiares es que “la Administración nos diga lo que está pasando y qué van a hacer, porque esto es responsabilidad del Ayuntamiento,” para lograr que no se cierre el centro; pero, conscientes de lo complicado de la situación, lucharán también porque logren una ampliación del plazo para disponer del tiempo suficiente para reubicar a todos sus familiares, algunos de los cuales están en plazas concertadas con las administraciones públicas y otros muchos en plazas privadas. Para lograr estos objetivos, no descartan realizar acciones como recogidas de firmas o concentraciones, según indicaron desde la comisión. También se plantean reclamar indemnizaciones al Ayuntamiento y a la empresa por daños y perjuicios, “porque teníamos un contrato y nadie nos avisó” de esta situación.
Asimismo, esta comisión de familiares lamenta que ninguna administración se haya puesto en contacto con ellos. Desde la empresa les han explicado, a los familiares que han llamado, la situación y argumentan que cuando compraron la propiedad sus abogados les habían casi asegurado que ganarían la denuncia, explican desde la comisión, así como que ayudarán a los familiares en todo lo posible.
Licencias nulas
Desde la propia empresa que gestiona el centro anunciaron, el pasado lunes, su cierre tras conocer que la Justicia ha declarado nulas las licencias de construcción y de actividad y habitabilidad que el Ayuntamiento concedió en 2003 y 2009 a la residencia. Desde el Ayuntamiento han señalado que mediarán “ante la propiedad de la residencia privada de mayores de Ifara para explorar todas las opciones que permitan garantizar la viabilidad de este centro y del servicio que presta, atendiendo siempre a las resoluciones judiciales”.
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