El nuevo casero viene con buenas intenciones. Así lo anunció ayer el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, tras ser cuestionado por una vecina que asistió al acto celebrado tras la firma de la compra, por parte del Ejecutivo regional al Banco Santander, de 358 viviendas ubicadas en el santacrucero barrio de Añaza, concretamente en la encrucijada de la avenida de Bentecayse y la calle de La Coruja. Era el colofón a una intensa demanda vecinal, que encontró eco desde el primer día en DIARIO DE AVISOS.
Dichas viviendas estaban amenazadas por un posible desalojo masivo, dado que la entidad financiera tenía previsto incluir las mismas en un paquete de unos 37.000 inmuebles repartidos por todo el país a un fondo buitre llamado Cerberus. Prueba de ello es que la empresa que administraba los pisos, Altamira Asset Management, ya había sido vendida en 2014 por el Santander a otro fondo buitre (Apollo) y llevaba un año impidiendo a los afectados renovar sus alquileres, lo que aceleraba los desahucios al impedir así que se solicitaran ayudas sociales para abonar los mismos.
En un acto donde tomaron la palabra tanto el citado Clavijo como el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, el presidente del Cabildo Insular, Carlos Alonso, y la consejera regional de Vivienda, Cristina Valido, hubo coincidencia generalizada entre las autorizadas en felicitar a los vecinos afectados y a activistas como Inma Évora (Plataforma de afectados por la hipoteca) y Lolo Dorta (Plataforma 29-E) por ayudarles en todo momento. Esa denuncia vecinal motivó que medios como DIARIO DE AVISOS respaldasen desde el minuto uno a los vecinos, lo que terminó forzando la intervención de las autoridades.
Con la ayuda de Víctor González (gerente de la empresa Pública autonómica y nueva propietaria de estas 358 viviendas, Visocan) los políticos respondieron a las dudas que les plantearon los afectados, que en un número importante (más de un centenar de personas) acudieron a Presidencia del Gobierno de Canarias a tal fin.
Para facilitar la operación se aprobó en Consejo de Gobierno una ampliación de capital de Visocan por importe de 25.999.994,34 euros, con el fin de dotar a la entidad pública de fondos para la adquisición y construcción de viviendas para ponerlas a disposición, en régimen de alquiler, de familias en situación precaria. Finalmente, se pagaron 24.890.000 euros.
A partir de ahora será Visocan el que gestione los alquileres, ya que las viviendas pasarán a ser explotadas por la entidad, detalló el presidente del Gobierno, quien señaló que “a nadie se le va a quitar ni cuestionar el contrato de alquiler”.
Clavijo explicó que a partir de este mes los pagos del alquiler se harán a Visocan en las mismas condiciones en que se ha subrogado el contrato, y agradeció “la valentía” de los vecinos, que confiaron en las administraciones públicas canarias “para poder estar hoy aquí”.”Hemos remado todos en la misma dirección”, agregó el presidente canario, quien preguntado qué sucederá con los “okupas” que viven en algunas viviendas dijo que “no es voluntad del Gobierno generar problemas” y aseguró que si cumplen con los requisitos se quedarán en las casas y, si no, se buscarán alternativas.
Por su parte, el alcalde José Manuel Bermúdez, recordó que una vez conocida, a principios de octubre, la situación en que se encontraban las viviendas de Añaza, se inició un trabajo conjunto entre el Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno canario con el fin de asegurar que ninguna de estas familias fuera expulsada de su hogar. “Hemos dado un ejemplo para toda España”.
A pesar de todo, siguen llegando cartas de desahucio
“Habrá que preguntar en los juzgados”. Así respondió José Manuel Bermúdez a una afectada que desveló haber recibido una carta para el desahucio de su familia en estos días. “De cualquier modo, si se dan las condiciones, el Ayuntamiento, como ha hecho en todas las ocasiones, le ayudará a evitarlo”, añadió el alcalde.
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