El Gobierno de Canarias sellará definitivamente la compra de las 358 viviendas protegidas ubicadas en Añaza cuyos moradores estaban amenazados por un posible desahucio masivo en caso de que, finalmente, fueran adquiridas por el fondo buitre Cerberus. De que tal amenaza era tan cierta como inminente, da buena cuenta el hecho de que eran administradas por una empresa, Altamira Asset Management, que fue adquirida por otro fondo buitre llamado Apollo en 2014.
Para evitar la irrupción de Cerberus y el consiguiente desalojo, los vecinos dieron la alerta al detectar que, como paso previo a su desahucio, el fondo buitre Apollo, a través de Altamira, no les permitía renovar sus alquileres. Sin esos contratos, los vecinos no podían solicitar las ayudas municipales con las que pagan sus alquileres, allanando así el camino judicial hasta el lanzamiento.
El inmediato apoyo dado a los vecinos por medios como DIARIO DE AVISOS y la imposibilidad de las administraciones para realojar siquiera a una decena de estos vecinos de un día para otro terminó por obligar al Gobierno de Canarias a negociar con el Banco Santander, aún propietario de estos pisos, para su adquisición.
Tras un primer preacuerdo alcanzado entre el presidente autonómico, Fernando Clavijo, y el consejero delegado de la entidad bancaria, Rami Aboukhair, los contactos se intensificaron entre representantes del Gobierno canario como la consejera de Vivienda, Cristina Valido, y otros altos directivos del Santander.
Ambas partes llegaron a un acuerdo para adquirir las 358 viviendas por un total de 24,9 millones de euros. Como referentes para dar con la cifra adecuada está el valor contable que tenían estos pisos para el Santander (29 millones de euros), mientras que la tasación gubernamental de las viviendas se cifró en 28.578.129 euros.
Finalmente, será a las cuatro de la tarde del próximo lunes cuando se firma la compra de las viviendas en un acto al que, además de Clavijo y Valido, también acudirán el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso.
Pero también están invitados los vecinos afectados, ya que se pretende aprovechar la cita para informarles de cómo deben proceder ahora para regularizar su nueva situación en las viviendas.
A priori, la intención gubernamental es mantener los pisos en las condiciones actuales, para así facilitar que sean los actuales vecinos quienes se beneficien de la compra de las viviendas, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales para ello.
Activistas sociales como Lolo Dorta (Plataforma 29-E) e Inma Évora (Plataforma Afectados por la Hipoteca) han valorado positivamente la compra de estas 358 viviendas, por cuanto frena la entrada de un fondo buitre y, por ende, el desalojo masivo, si bien recuerdan la necesidad de que las instituciones recuperen una política de vivienda pública capaz de afrontar la actual crisis de habitabilidad que se padece actualmente en el Archipiélago.
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