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La falta de medios de los inspectores sanitarios impide garantizar la salud pública en Canarias

Una plantilla escasa, con el mismo número de funcionarios que hace 37 años, se reconoce desbordada y sin medios para poder controlar el agua de consumo, bares, restaurantes, colegios, playas, etc.
El diputado socialista Gustavo Matos afeó la actitud de José Manuel Baltar ayer, durante el pleno. Fran Pallero

La salud pública no está garantizada en el Archipiélago por la falta de medios con la que llevan a cabo su labor los técnicos inspectores sanitarios de la comunidad autónoma. Así lo aseguraban ayer varios representantes de este colectivo a DIARIO DE AVISOS, el mismo día en el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) les remitía su última oferta para minimizar el impacto de la situación de precariedad laboral en la que viven.

Para poder ser conscientes de la importancia de las funciones que realizan estos técnicos, cabe enumerar algunas que resultan esenciales para la salud de los ciudadanos: investigación de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS), toxiinfecciones alimentarias; vigilancia, control e inspección de mataderos; vigilancia, control e inspección del agua de consumo humano; inspección sanitaria de aguas de baño, playas y piscinas naturales; control e inspección de piscinas; inspección de vertidos de aguas residuales; inspección sanitaria de instalaciones de riesgo de proliferación y dispersión de legionela en hospitales, residencias, hoteles; control, inspección, auditoría de fabricantes, envasadores y distribuidores de productos químicos (lejías, detergentes, biocidas) o control, inspección y auditoría del sector de comidas preparadas y restauración (bares, restaurantes, colegios y guarderías), etcétera.

Hay que destacar que en todo el Archipiélago ahora mismo operan 125 técnicos inspectores de Salud Pública, número muy parecido al que había en 1982. En Canarias residían a finales de ese año 1.397.709 personas, frente a los 2.188.626 que vivían en las Islas en junio de 2018, es decir, 790.917 residentes más, sin que la plantilla de inspectores prácticamente se haya visto alterada en estos 37 años.
De hecho, el porcentaje que ha aumentado es el de farmacéuticos, pero no el de veterinarios. Hay que puntualizar que dentro de este grupo se incluyen dos especialidades: farmacéuticos de Farmacia Asistencial y veterinarios de Veterinaria Asistencial.

Otro de los aspectos en los que hay que insistir, según los técnicos consultados por este periódico, es que no se sustituyen ni las jubilaciones ni las bajas, con lo que hay zonas de la Isla que no disponen de ningún inspector o, en el caso de aquellas que sí poseen más de uno, no se cubren de manera adecuada, por lo que el grado de desesperación de estos 125 trabajadores se debe a la alta responsabilidad de sus funciones para la salud pública. Este colectivo no duda en asegurar que hay analíticas que no pueden efectuar por falta de personal, lo que refleja la indefensión en que permanecen los ciudadanos ante las carencias de un sector profesional fundamental para el control de infecciones y cualesquiera problemas de salud.

Trayectos en guagua

Además de las sustituciones del personal jubilado y las bajas laborales; el reconocimiento de la carrera profesional y una mejora salarial, otra de las reivindicaciones de este grupo de técnicos tiene que ver con el pago del kilometraje cuando realizan su labor profesional con su vehículo propio. Actualmente, el SCS remunera el kilómetro a 18 céntimos.

Esta cantidad ha provocado que varios de los inspectores hayan decidido, como medida de presión al no resultarle rentable, acudir en guagua a realizar las inspecciones. Se da la circunstancia de que algunas muestras recogidas para ser analizadas en piscinas o en algunos restaurantes han tenido que ser trasladadas en transporte público, con el riesgo que esto conlleva incluso para los propios trabajadores, según aseguran ellos mismos, que, por no tener representación sindical, prefieren mantenerse en el anonimato.

Retribuciones

Las retribuciones actuales de estos trabajadores públicos son las de un funcionario del Grupo A1 con nivel 24 de complemento de destino y 60 puntos de complemento específico, lo que representa un importe anual de 44.425,85 euros en las islas capitalinas sin contar trienios, que se encuentran en el nivel más bajo previsto para los funcionarios de Grupo A1 por el acuerdo del Gobierno de 9 de julio de 2018, muy por debajo de los niveles máximos previstos por dicho acuerdo para otros inspectores.

Han sido varios los intentos que ha llevado a cabo este colectivo de técnicos para llegar a un acuerdo con el SCS, aunque ni el responsable de este organismo, Conrado Domínguez, ni el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, hayan propiciado avances en las mejoras que el colectivo solicita desde hace más de cinco años.

Bien es cierto que ayer se remitía una nueva oferta a estos técnicos por parte del SCS, en la que se especificaba que se modificará la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), se mejorará su incremento individual anual a 3.325,90 euros, lo que supondrá un aumento del gasto en el SCS de 900.000 euros, si se incluye al resto de inspectores (médico, farmacéutico, técnicos y los citados técnicos inspectores de Salud Pública). Esta medida mejoraría las condiciones laborales de 212 técnicos del Servicio Canario de la Salud, entre los que se incluyen los 125 técnicos inspectores de Salud Pública. Las medidas han de ser adoptadas mediante dos decretos. Sin embargo, en la propuesta del organismo público se especifica que “el plazo estimado de tramitación de ambos decretos es de tres meses una vez se inicie su tramitación”. Resulta curioso que en el proceso de redacción de un decreto se tarden 90 días, sobre todo, porque siendo año electoral, el plazo expiraría después de las elecciones autonómicas y locales del próximo 26 de mayo.

Eso sí, tal y como se recoge en la citada oferta del SCS remitida ayer a los trabajadores, “el SCS iniciará la tramitación de ambas disposiciones una vez se retorne por los técnicos inspectores de Salud Pública a la situación anterior al inicio del conflicto”. Es decir, el Gobierno de Canarias deja dicho negro sobre blanco una oferta que en el transcurso de su tramitación debe provocar el cese de las medidas de presión llevadas a cabo por los técnicos, sin que eso garantice que el próximo gobierno regional que salga de las urnas respete dicha propuesta, siempre que, como se precisa, “exista crédito para asumir el coste que los mismos representan”.

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