en la frontera

Poder y ciudadanía

Ha sido frecuente, por mucho que sorprenda, que, bajo la consabida formulación del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se haya introducido en la mente de no pocos dirigentes públicos la idea de que el poder es de la propiedad de quien manda

Ha sido frecuente, por mucho que sorprenda, que, bajo la consabida formulación del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, se haya introducido en la mente de no pocos dirigentes públicos la idea de que el poder es de la propiedad de quien manda. Ha sido, y es, y siempre será, una tentación bien sutil que termina por propiciar esa peligrosa separación entre los gobernantes y el pueblo que Minc calificó certeramente como una de las lacras de nuestro tiempo. Además, este divorcio, es bien sabido, lleva a la desconfianza de la ciudadanía frente a las instituciones, por lo que es cada vez más urgente recordar y realizar en la realidad dos afirmaciones fundamentales del pensamiento democrático.

Primera. El Poder público es de la ciudadanía. La ciudadanía debe exigir más en todo lo que supone ejercicio de políticas públicas. La ciudadanía debe -debemos- tomar conciencia de su papel central en el sistema y debe -debemos-, además de reclamar y exigir una mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos, asumir su -nuestra- función en el conjunto del entramado social y auto-organizarse de verdad, con libertad, con autenticidad, para la defensa de sus intereses colectivos. Es muy importante que todos colaboremos por apuntalar esta auto-conciencia porque los tiempos que vienen nos deben encontrar bien organizados y preparados para evitar los autoritarismos y totalitarismos que esconden estos nuevos salvadores de la patria y mesías que pululan en tantas latitudes.

Y, segunda, y derivada de la primera. Los gobernantes, bien lo sabemos, pero qué pronto se olvidan, no son más, ni menos, que gestores de intereses ajenos que deben rendir cuentas periódicamente de su administración al pueblo soberano. Pero no de cualquier manera. De forma veraz, concreta y puntual.

Por otra parte, la participación ciudadana en los asuntos del interés general debe ser una de las materias mejor impartidas en la educación cívica que deben tener las personas que viven en un Estado que se define como social y democrático de Derecho. La carencia o el anquilosamiento de las acciones civiles debilita la participación de los ciudadanos, empobrece el dinamismo social y pone en peligro la libertad y el protagonismo de la sociedad frente al creciente poder de la Administración y del Estado. Una sociedad sin iniciativa social y sin medios eficaces para llevar a la práctica los proyectos por ella promovidos, puede llegar a ser enteramente dominada y controlada por quienes consiguen apoderarse de los resortes de la Administración y de los centros de poder más importantes. Es la sociedad cautiva en manos del poder, el nuevo clientelismo del siglo XXI, hoy más presente de lo que podemos imaginar a causa de las modernas y sutiles formas de manipulación y control social a través de las nuevas tecnologías.

Por ello, uno de los retos del sistema democrático desde el punto de vista ético se encuentra en la necesidad de que los ciudadanos se interesen y participen en la vida colectiva. La tarea no es fácil porque no se trata de forzar la participación, sino hacer posible que los ciudadanos quieran participar y colaborar en las tareas públicas porque son conscientes de que su aportación es esencial para el funcionamiento del sistema.

Para conseguirlo, conviene recordar, aunque sea algo obvio, que el ser humano, en sí mismo, al ser miembro de una comunidad, debe, es un compromiso moral, colaborar a la buena marcha de los asuntos generales de la comunidad. Ni más ni menos.

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