Una transición y una carta

Comunistas y marxistas varios españoles califican los sucesos de Venezuela de golpe de Estado, y afirman que es como si la presidenta del Congreso se autoproclamara presidenta del Gobierno en una manifestación multitudinaria en la Puerta del Sol. Pero se equivocan. Y no solo porque España no es una dictadura militar ni una república bananera -petrolera-, sino porque la operación de transición política que está en marcha ha sido diseñada -y no solo desde Estados Unidos- precisamente para que sea escrupulosamente legal. De hecho, nos recuerda -de lejos- la Transición española, que utilizó la legislación franquista para desmontar el régimen. El artículo 233 de la -farragosa y reglamentista- Constitución bolivariana de 1999 establece que, en ausencia de un presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el Parlamento, se “encargará” de sus funciones, hasta que se provea el cargo mediante elecciones. Y las últimas elecciones presidenciales, de mayo del pasado año, no son reconocidas por la comunidad internacional democrática, que denuncia su carácter fraudulento. En consecuencia, la reciente toma de posesión de Maduro para un nuevo mandato de seis años se califica de ilegítima y se considera vacante la Presidencia, con lo que sería de obligada aplicación el citado precepto constitucional. Por esto se le exige que convoque elecciones a esa Presidencia vacante.

El Parlamento venezolano es la única institución política no controlada por el chavismo, que fracasó en adulterar sus elecciones, y no pudo impedir que en ella la oposición democrática tenga una mayoría de unos dos tercios, una mayoría que le proporciona a su presidente, Juan Guaidó, una impecable legitimidad democrática. El régimen reaccionó haciendo que el Tribunal Supremo, que controla, adoptara una disparatada resolución que dejaba sin competencias a la Asamblea en beneficio de una Asamblea Nacional Constituyente paralela, cuyas elecciones sí manipuló y en la que la totalidad de sus miembros son chavistas. El problema es que el ejército venezolano no es el ejército español de la época de la Transición, que, aún así, dio problemas hasta 1981. El régimen lo ha mimado y, desde el principio, lo ha sometido a purgas ideológicas sistemáticas y al control de comisarios políticos; un tercio de los ministros de Maduro son militares; las academias son agencias de adoctrinamiento; y sus privilegios son innumerables. Junto a la nomenclatura chavista, la cúpula militar controla los beneficios del petróleo, el sector financiero, los suministros de alimentos y medicinas, y, en general, la vida venezolana. No es sorprendente que el presidente provisional les ofrezca una amnistía.

Por si fuera poco, está la inteligencia chavista, ayudada por cientos de agentes cubanos y también rusos, que forman un anillo de seguridad en torno a Maduro. Y las cincuenta mil Unidades Populares de Defensa Integral, armadas y organizadas, al modo cubano, por lugares de trabajo, barrios y calles, que disparan -y matan- impunemente a los opositores. Por lo que tampoco es sorprendente que Juan Guaidó no duerma dos noches seguidas en el mismo sitio. ¡Ojalá la transición venezolana se parezca a la española! Pero no somos muy optimistas, salvo que alguien -Trump- guarde la carta que suponemos y esté dispuesto a jugarla.