tribuna

Ley de Servicios Sociales: pieza angular del Estado del Bienestar

Cómo entender el desarrollo de un pueblo si no es desde el punto de vista del desarrollo de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que lo conforman? ¿De qué le sirve la libertad a una persona si no tiene qué comer, dónde vivir, o la oportunidad de recibir educación, asistencia sanitaria, la posibilidad de tener cubiertas sus necesidades básicas? ¿Podemos decir que es ésa una persona libre? ¿Podemos hablar de una sociedad desarrollada si sus ciudadanos no son libres? ¿Quién querría identificarse con una sociedad en la que hay que correr para ocupar las sillas disponibles?

A estas preguntas respondió hace ya algunas décadas el bengalí Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998 y sobre cuyos trabajos Naciones Unidas basó el Índice que mide el Desarrollo Humano desde 1990.

Para este economista-humanista, que se ganó el respeto y la admiración mundial por sus teorías, medir el desarrollo de un pueblo a partir solo de parámetros económicos como el PIB, la renta, el grado de industrialización, de tecnología, etcétera, es conformarse con un enfoque muy incompleto.

Amartya Sen defiende el desarrollo como libertad, como el conjunto de capacidades que nos permiten crecer como individuos y como miembros de una comunidad. En consecuencia, es necesario atender a la situación real de las personas porque aspectos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas impiden el ejercicio de libertades fundamentales. Desde ese punto de vista, desarrollo, a su vez, significa expandir la libertad de los seres humanos.

Canarias dio esta semana un paso de gigante en su desarrollo con mayúsculas. Hoy podemos afirmar que los canarios y las canarias somos más libres. Porque, entre todos, hemos puesto las bases para que en nuestro Archipiélago no haya que correr para ocupar las sillas disponibles.

La Ley de Servicios Sociales que el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad es mucho más que la ley más importante de esta Legislatura que termina.

Es también la constatación de que podemos trabajar unidos, alcanzando un grandísimo consenso y aparcando los legítimos intereses de cada partido, para avanzar juntos en un texto que supera con mucho la ley anterior -que ya fuera en su día un gran logro- y para dotar a Canarias de la que será, sin duda, la piedra angular del Estado del Bienestar en los próximos años.

Gracias. Gracias a todas y a todos. A los ponentes de esta ley: María Elena Luis Domínguez, de CC-PNC; a María Teresa Cruz Oval, del PSC; a Josefa Luzardo, del PP; a María del Río Sánchez, de Podemos; a Luis Alberto Campos, de NC; a Melodie Mendoza, de ASG. A todo el equipo de la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda con su titular a la cabeza, Cristina Valido; a cabildos, ayuntamientos, entidades del tercer sector, universidades… A todos cuantos han hecho posible esta ley moderna preparada para dar respuesta a los retos a los que se enfrenta Canarias en el siglo XXI, asegurando la calidad de vida y el bienestar de los que, por sus circunstancias o características vitales, más riesgo tienen de quedarse atrás: dependientes, personas en exclusión social, personas con diversidad funcional, mayores, menores, migrantes, víctimas de violencia de género, familias numerosas o monomarentales.

Porque con esta ley abandonamos definitivamente los viejos modelos que entendían los servicios sociales desde el concepto de caridad o asistencia. Los ciudadanos y ciudadanas de las Islas tienen derecho, derecho real y subjetivo, a tener cubiertas sus necesidades básicas en todas las etapas de la vida. El mismo derecho que tienen a la educación, a la sanidad o a una pensión.

Y ese derecho está, desde ya, recogido en una norma legal e incluye una cartera de prestaciones desglosadas que van desde la asistencia jurídica a la ayuda de emergencia, pasando por la mediación familiar, la atención psicológica, el transporte adaptado o una renta canaria de inclusión. Un catálogo de servicios que pasa a formar parte del cuerpo de la ley y cuya carencia puede ser reclamada ante la Administración o ante la Justicia. Unos servicios, en fin, que se introducen y reconocen como derechos para todos los habitantes del Archipiélago, independientemente del gobierno de turno, de la isla o el ayuntamiento de residencia. Se trata de un cambio de concepto, pero también de un cambio de gestión. El nuevo sistema público de Servicios Sociales integrará y coordinará en red al conjunto de las administraciones canarias, junto con sus centros, así como todos los recursos en materia de servicios sociales públicos y privados, garantizando una financiación adecuada. Se ha hecho un inmenso esfuerzo, todos somos muy conscientes de ello, en esa coordinación y cooperación entre administraciones, así como en perfilar minuciosamente la evaluación continua del sistema.

Esta ley introduce la historia social, que nos acompañará como el historial médico, y crea la figura del profesional de cabecera, igual que contamos ya con un médico de cabecera.
Esta ley, en fin, acaba con la inseguridad en el Tercer Sector, que deja de depender de subvenciones ocasionales sin garantías de continuidad para abrir la puerta al establecimiento de convenios y conciertos, un paso formidable para sistematizar sus programas y ayudas.

Hoy me gustaría recordar y compartir con los lectores unas palabras de mi discurso de investidura: “Quienes aspiramos a la responsabilidad de Gobierno, quienes somos depositarios de la confianza de los ciudadanos, debemos asumir que es a nosotros a quienes corresponde adoptar las medidas, impulsar las políticas y apoyar los procesos sociales que hagan posible una Canarias de la que no sea necesario marcharse”.

Creo no equivocarme si les digo que esta semana se ha cumplido ese deber con responsabilidad, con compromiso, con consenso, con madurez democrática. Gracias a todas y a todos porque, sin duda, es un logro colectivo.

 

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