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Trabajadores y familiares de El Drago se manifiestan hoy ante el centro de Ifara

La gestora del centro, Amavir, ha comunicado el cierre de la residencia de ancianos a final de mes, sin esperar a conocer si hay posibilidad de legalizar el edificio al que la justicia obliga a demoler cuatro pisos
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Vista general de la residencia de mayores Amavir, en Ifara. / SERGIO MÉNDEZ

A partir de las tres de esta tarde, trabajadores y familiares de los usuarios de la residencia de ancianos El Drago del Marqués, gestionada por Amavir, inician las movilizaciones de protesta ante el anuncio de la empresa de proceder al cierre del centro a final de mes. La residencia tiene cuatro plantas más de las permitidas por el Plan General de Ordenación y deben ser demolidas. Así lo establece la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en al que se establece que no es posible legalizar esta construcción tal y como está.

La realidad es que, pasado un mes desde que se conociera que el Supremo rechazaba el recurso de la actual gestora de la residencia, y un año desde que el TSJC diera a conocer su fallo, el resultado final es el que todo el mundo preveía desde el principio, el cierre y traslado de los usuarios. De los 176 residentes que había hace unos meses, en la actualidad ya han sido trasladados 135 a otros centros. En estos momentos quedan 41 personas en distintos régimenes, tanto privados como de la Seguridad Social o dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS).

Junto a estos usuarios, los trabajadores, 114, que se quedan, a final de mes, sin trabajo. “Nos duele especialmente la falta de transparencia de la empresa que, hasta hace dos meses, seguía cogiendo usuarios y contratando trabajadores. Muchos compañeros han rechazado otros trabajos ante la promesa de que la residencia permanecería abierta”, explicaba a DIARIO DE AVISOS el presidente del comité de empresa, José Ángel Mena.

El representante de los trabajadores asegura la empresa nunca ha tenido intención de acometer ninguna obra de legalización. “No solo estamos hablando del coste de acometer una obra del calado que se supone que tienen que hacer, sino que, si se tienen que demoler cuatro plantas, se quedarán con unas 90 plazas y eso no es rentable”, explicó Mesa.
Esa falta de voluntad, explica el presidente del comité de empresa, se vio ratificada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, quien en la última Comisión de Control municipal, señaló que en este año, Amavir no ha querido reunirse con Urbanismo. “A nosotros nos decían que habían pedido cita pero que no los recibían cuando los trabajadores la pedimos y Urbanismo se reunió con nosotros y nos explicó cómo estaban las cosas”, detalla Mena.

Y es que, los anteriores gestores presentaron un proyecto para intentar legalizar el edificio, con un coste de unos 800.000 euros. Tarife explicó que se está analizando si técnicamente es posible legalizar la residencia a través de ese proyecto de obra. En caso de que así fuera se enviaría al juzgado para que lo tomara en consideración. Tarife también señaló que aún no habían recibido la orden de ejecución de la sentencia por lo que la empresa podía seguir con su actividad hasta que esta orden se produjera.

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