Santiago Pérez: “Me descojono de la denuncia del alcalde a la Fiscalía”

El portavoz de XTF-NC, Santiago Pérez, afirmó ayer que se “descojona” de la denuncia del alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, a la Fiscalía por el acuerdo alcanzado en el pleno de abril para no destinar el superávit de la liquidación de las cuentas municipales de 2018 a saldar toda la deuda financiera que tiene el Ayuntamiento, sino a abonar la deuda de casi seis millones que tiene con Muvisa, en base a una enmienda de los concejales Santiago Pérez, Rubens Ascanio (Unidas se puede) y Javier Abreu, que lograron aprobar.

El edil defendió que con esta enmienda el nuevo Consejo de Administración quiere velar por “su viabilidad financiera” y “los puestos de trabajo”, y enfatizó que no van a tolerar “que se siga utilizando el dinero de Las Chumberas para financiar otras operaciones”. También recordó que la Intervención del Ayuntamiento “ha emitido un informe a petición del alcalde en el que dice que es perfectamente legal lo que hemos hecho”. “El alcalde, con esta payasada de la denuncia ante la Fiscalía de la que me descojono, pretende dar la impresión antes de las elecciones de que todos somos iguales”, criticó.

Por otra parte, Santiago Pérez también denunció ayer que la empresa Urbaser siga prestando el servicio de recogida de basura y limpieza viaria en base a un contrato que venció, incluidas sus prórrogas, el pasado 31 de octubre, algo que, a su juicio, ejemplifica “el paraíso de ilegalidad que se ha instaurado en materia de contratación” en el Ayuntamiento lagunero. “Y lo que es peor -añadió-, según el contrato toda la flota de Urbaser pasó a ser de propiedad municipal desde el 31 de octubre, como estipula el pliego de condiciones. Así, desde ese momento, Urbaser, sin contrato, a dedo, sigue prestando ese servicio cobrando lo mismo que si fuera con su propia flota”.

Por último, Santiago Pérez anunció que la Audiencia Provincial le ha dado la razón al recurso que presentó contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz, que rechazó la solicitud del concejal de tramitar por la vía de protección de los derechos fundamental su denuncia respecto a que el Gobierno municipal niegue a la oposición “el derecho a disponer de personal de apoyo nombrado por el Ayuntamiento y con cargo a su presupuesto”. “Pero recurrimos esa decisión y la Audiencia Provincial nos ha dado la razón. El juez de lo contencioso, en un alarde de superficialidad o de ignorancia jurídica inexcusable, se tomó la libertad de opinar sobre el fondo del asunto, cuando solo se discutía si cabía o no ese procedimiento preferente y sumario”, añadió Pérez.