Podemos ha presentado este viernes ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia contra el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), por presuntos delitos de prevaricación y malversación en la tasación realizada para la venta de los tres casinos públicos.
La denuncia también ha sido presentada contra el director insular de Hacienda, Juan Carlos Pérez Frías, y los miembros del consejo de gobierno insular que han aprobado la venta de los casinos, explicó Julio Concepción, de Podemos y miembro del consejo de administración de Casinos de Tenerife.
Julio Concepción destacó que Casinos de Tenerife es la “joya de la corona” debido a que cada dos años da cinco millones de euros de beneficios, y agregó que al sacar a la venta las instalaciones por 24,9 millones de euros se podría causar un daño patrimonial de 18.692.200 euros.
El representante de Podemos dijo asimismo que esos 24,9 millones de euros se podrían amortizar en diez años, y de ese modo las más de 150 familias que dependen de Casinos de Tenerife mantendrían sus empleos estables y de calidad.
Explicó Julio Concepción que la denuncia se acompaña del dictamen de un economista que establece que la valoración que el Cabildo de Tenerife ha usado como base para la licitación es “muy inferior” a la que se debería tener en cuenta.
Comentó que quienes tenían la voluntad política de vender los casinos son quienes han dado la información de la situación de los casinos y aseguró que el problema de esta empresa es la gestión hecha por Coalición Canaria y PSOE.
Como posibles irregularidades apuntó que en el informe se dice que en el valor de los casinos se excluye el del local de Playa de Las Américas, así como el las máquinas, y ambos conceptos, añadió, tienen una valoración de 12.208.000 euros.
En el informe también se señala que se han inflado los gastos de los casinos para así reducir su valor, y que esa acción se ha llevado a cabo de forma injustificada.
El valor de los casinos se establece en 43.797.200 euros en el informe, con lo que el daño patrimonial podría ser de 18.692.200 euros.
También habló Agustín Melián, representante de la UGT en Casinos de Tenerife y quien acusó a Carlos Alonso de “orquestar” una venta que puede ser una merma de más de 18 millones de euros para el erario público.
Recordó que el sindicato ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión de vender los casinos, y afirmó que llegarán “hasta las últimas consecuencias” en un caso que, a su juicio, podría ser un “Teresitas II”.
Agustín Melián explicó que el Cabildo de Tenerife pidió dos métodos de valoración a la empresa DBO y ésta solo utilizó uno, que “validó Carlos Alonso, quien despreció el segundo porque dice que es secundario”, añadió. EFE.
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