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Suicidas

El insólito auto por el que la Sala correspondiente del Tribunal Supremo manifiesta que Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, huidos de la justicia española -en rebeldía procesal-, pueden presentarse a las elecciones europeas del 26 de mayo porque su situación de huidos no afecta al ejercicio de su derecho de sufragio pasivo, pero, sin embargo, devuelve el caso al Juzgado para que sea esta instancia la que tome la decisión, no tiene precedentes. Un tribunal se declara incompetente para abordar un asunto y, al mismo tiempo, le dicta al tribunal que reconoce competente cómo tiene que resolverlo. Y todo esto según el criterio del Ministerio Fiscal y en contra del parecer de la Junta Electoral Central. ¿Y si el Juzgado hubiese resuelto en sentido distinto al indicado/ordenado?

Tras declararse no competente, el alto tribunal justifica su pronunciamiento por “las muy especiales circunstancias en las que nos encontramos”, según las cuales la Sala considera que “no puede limitarse” a argumentar sobre qué órgano judicial tiene competencia para resolver el recurso interpuesto por los independentistas, sino que también “debe” añadir su opinión sobre la situación. Quizás estamos ante una primera consecuencia de los recientes resultados electorales y un indicio de cómo se va a abordar la cuestión catalana a partir de ahora.

En un primer análisis, no parece que esta cuestión haya sido determinante en la contundente victoria electoral de Pedro Sánchez y el PSOE sanchista (y en la previsible liquidación definitiva de Susana Díaz y su gente). Tenemos la impresión de que la unidad de España le importa menos al electorado de izquierdas de lo que proclaman retóricamente sus partidos, y que la movilización de este electorado y el trasvase de su voto útil de Podemos a Pedro Sánchez se debe a factores tales como el miedo al auge de Vox, la deriva de los populares y la creencia de que los socialistas conducirán a los españoles a la tierra prometida, garantizando y aumentando las pensiones y el salario mínimo, derogando la reforma laboral, reduciendo drásticamente el desempleo, y otras medidas voluntaristas similares.

El problema es que, en contra de lo que suele reconocer la izquierda, la Economía tiene unas leyes cuya trasgresión penaliza cruelmente a la misma sociedad a la que se pretende favorecer. Como en su época aprendió Rodríguez Zapatero, el cumplimiento de la agenda social sanchista solo es posible mediante un aumento inasumible y temerario de la deuda y el déficit público, y un incremento brutal de la presión fiscal sobre particulares y empresas, lo que, en definitiva, produce más paro y menos crecimiento. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con su inconfundible terminología marxista, se refieren siempre a “los ricos”, lo que, traducido al lenguaje real, quiere decir “la clase media”.

Los que se reconozcan en esta clase y hayan votado a la izquierda lo lamentarán pronto, al menos tanto como los votantes de Vox, que han destruido a la derecha con la colaboración de muchos populares. Porque la victoria de Pedro Sánchez, además de otros factores, se asienta también sobre el voto de muchos suicidas.

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