La Justicia ha decidido absolver a una mujer que llevaba cobrando la pensión de su padre fallecido durante un periodo de diez años, porque debía ser la Diputación de Cádiz quien se ocupaba de los pagos correspondientes, si bien denunció a la presunta infractora al detectar dicha irregularidad.
La mujer llegó a percibir 91.000 euros tras la muerte de su progenitor.