economia

Expertos aconsejan incluir las ayudas del Posei y del REA en el IRPF y Sociedades

Los abogados se basan en la modificación del REF y en la sentencia del TSJC que rechaza la interpretación de Hacienda
Asaga celebró ayer una charla con varios expertos en derecho fiscal. DA
Asaga celebró ayer una charla con varios expertos en derecho fiscal. DA
Asaga celebró ayer una charla con varios expertos en derecho fiscal. DA

Los expertos en derecho fiscal Santiago Vega Montesdeoca, abogado y profesor de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), y César Acosta Criado, socio de Garrigues y profesor de la Universidad Europea de Canarias (UEC), recomiendan que los ingresos percibidos por las ayudas que provienen del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (Posei) y del Programa de Apoyo a los importes de las ayudas procedentes del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) se incluyan tanto en el Impuesto de Sociedades (IS) como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al año 2018, para que puedan beneficiarse del 50% de la bonificación fiscal. Esta recomendación la hicieron durante la charla coloquio que organizó Asaga Canarias en colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno regional y la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR), en la sede central de Cajasiete de Santa Cruz de Tenerife, basándose en la modificación del artículo 26 del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Ley 8/2018, así como en la posterior sentencia, emitida el pasado 11 de febrero, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

En dicha sentencia no solo se blinda la deducción de estas compensaciones destinadas a paliar las dificultades por lejanía e insularidad que tienen los agricultores y ganaderos canarios a la hora de producir, al entenderlas como parte del precio para poder ser competitivos, sino que se posibilita a los productores poder solicitar a Hacienda la devolución correspondiente, siempre que no hayan pasado más de cuatro años y que no se cuente con una sentencia en firme, en cuyo caso no se podrá reclamar. Por su parte, la Agencia Tributaria ha rechazado esta posible retroactividad -término que tanto Vega como Acosta prefieren no utilizar al entender que la modificación del REF supone una aclaración de la normativa y no un cambio de la misma- presentando un recurso al Tribunal Supremo (TS) para solicitar que la inclusión de estas ayudas en el cómputo de la bonificación fiscal del 50% del IS y del IRPF solo sea posible a partir del 1 de enero de 2019.

Hay que tener en cuenta el impacto económico que supondría para las arcas del Estado la devolución de estas cuantías, que, según los cálculos, ascienden aproximadamente a 6 millones de euros anuales, lo que vendría a suponer unos 24 millones de euros en total si se contabilizan los cuatro años en los que se puede presentar una reclamación. En cualquier caso, los abogados advierten de que la última palabra la tiene el Supremo.

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