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García Egea (PP) y Villegas (Cs) ya hablan de la moción de censura en el Cabildo de Tenerife

Los dos partidos de centroderecha negocian sumarse al PSOE de Pedro Martín para desalojar a CC y desmantelar la “red clientelar” que Coalición Canaria ha tejido durante 32 años

El secretario general del Partido Popular (PP), Teodoro García Egea, y su homólogo en Ciudadanos (Cs), José Manuel Villegas, negocian ya la moción de censura al nacionalista Carlos Alonso (CC) en el Cabildo de Tenerife, según confirmaron ayer fuentes de ambas formaciones políticas consultadas por DIARIO DE AVISOS.

La idea de sustanciar esta moción de censura que desbancaría a Coalición Canaria del Cabildo tinerfeño se pospone unos días. Estaba previsto rubricarla mañana mismo con el socialista Pedro Martín a la cabeza. Sin embargo, las fricciones en el ámbito orgánico de la formación naranja en el Archipiélago ha provocado que se posponga para la próxima semana.

De hecho, el almuerzo celebrado el pasado martes, que se prolongó durante más de dos horas entre el candidato socialista, Pedro Martín, y el consejero insular de Ciudadanos Enrique Arriaga iba en esta línea, pero siempre cualquier movimiento en favor de la censura se supeditó al visto bueno del partido de Albert Rivera, que, según las fuentes a las que ha tenido acceso este periódico, ha dado luz verde a la alianza con socialistas y populares.

A la hora de revertir la situación de incertidumbre que vive Ciudadanos en las Islas, desde la Ejecutiva nacional se ha designado a los diputados nacionales Saúl Ramírez, de la provincia de Las Palmas, y Melisa Rodríguez, de la provincia occidental, para encabezar una gestora que estabilice el desaguisado provocado por las integrantes de la Comisión de pactos de Ciudadanos, Vidina Espino y la secretaria de Acción Institucional de la formación naranja, Teresa Berástegui, sobre todo, por lo sucedido en el Ayuntamiento de Santa Cruz con el apoyo de los concejales naranjas Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano a la alcaldesa Patricia Hernández (PSOE).

Situación caótica

La situación caótica de Ciudadanos en cuanto al ámbito orgánico y el aislamiento de Espino y Berástegui dentro de la formación naranja será resuelta, según fuentes consultadas por este periódico del partido de Albert Rivera, por una gestora que se constituirá en las próximas horas. De igual modo, Melisa Rodríguez y Saúl Ramírez tendrán que designar a tres compañeros de su confianza en cada circunscripción en las próximas 48 horas, para que gestionen de manera diaria la organización, dadas las obligaciones de ambos diputados nacionales en el Congreso.

La consecuencia directa que tendrá esta gestora en la formación naranja se verá traducida en la disolución de la comisión negociadora de pactos de Ciudadanos, integrada, como ya se ha mencionado en esta información, por la secretaria de Comunicación, Vidina Espino, y la exconcejala de Cs del Ayuntamiento de La Laguna Teresa Berástegui.

Hay que recordar en este punto que el partido le abrió diligencias informativas a Vidina Espino por las acusaciones vertidas por la que fuera candidata a la Presidencia del Gobierno regional en algunos medios de comunicación, en las que acusaba a sus compañeros Zambudio y Lazcano, de un presunto tamayazo, es decir, que “cambiaron los votos al PSOE por sillones”, llegó a asegurar Espino. Ambos apoyos fueron fundamentales para aupar a la candidata socialista, Patricia Hernández, a la Alcaldía de la capital tinerfeña.

Expedientes

En cuanto a los expedientes de expulsión y la suspensión de militancia de Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, según las mismas fuentes de la formación naranja consultadas por este periódico, ambos quedarán resueltos en los próximos días.

Sin embargo, además del conflicto en Ciudadanos, otro de los asuntos que tendrán que abordar los integrantes de la censura, es decir, PSOE, Cs y PP, es la situación judicial del coordinador regional de los populares y cabeza de cartel del PP a la Presidencia del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, cuyo juicio por el caso Mercadillos ha quedado visto para sentencia.

La formación liderada por Albert Rivera tiene entre sus líneas rojas la de no pactar con candidatos imputados en investigaciones judiciales, y en el caso del exalcalde del municipio del Puerto de la Cruz la Fiscalía solicita nueve años y tres meses de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

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