El cambio de gobierno en muchos ayuntamientos canarios ha cogido a los nuevos regidores con el pie cambiado tras conocer la decisión de la Consejería regional de Educación de trasladar a los municipios la organización de los comedores escolares de verano para las familias con menos recursos, un nuevo modelo que se consensuó el pasado mes de abril con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Esta medida se implantó en Canarias en el curso 2013 como respuesta a los años más duros de la crisis económica, y consistía en que la propia Consejería organizaba talleres en los centros educativos, específicos para el alumnado en riesgo de exclusión social, para poder facilitarles al menos una comida completa al día durante los meses de verano, con la implicación de los ayuntamientos, que colaboraban con el personal o el transporte.
El Gobierno en funciones señaló que “solo se ha cambiado el modelo de gestión”, y seguirá financiando este servicio. Esta medida “no ha sido tomado de manera unilateral, sino en consenso con la Fecam”, apuntó, y defendió que esta modificación es para “lograr un gasto público mucho más eficiente” al fusionarse con los talleres municipales.
La Consejería afirmó que la asistencia a estos comedores “ha ido en continuo declive”. En 2014 se alcanzó el máximo de inscripciones, con 4.895, mientras que en 2018 fueron 2.132, y “ese último año prácticamente más de la mitad de los matriculados no asistía en agosto, con una media de 951”. Sin embargo, la contratación de personal, catering y monitores debe realizarse por el total.
Francisco Linares, presidente de la Comisión de Educación de la Fecam, señaló que “la Consejería gastó 1,2 millones de euros” en este servicio y pensó “que era más útil trasladar la subvención a los ayuntamientos para que complementen los comedores con las actividades y los campus que realizan todos los veranos”. El alcalde de La Orotava alabó una acción que se inició en los años de crisis, pero “la repercusión y asistencia ya había bajado”. “Solo 40 menores utilizaron el comedor el verano pasado, reduciéndose a 10 en el mes de agosto”, afirmó.
La Consejería señaló que con el paso de los años esta medida “generó también una clara segregación”, al separarse el alumnado que acudía por la Consejería y el de los talleres de verano municipales, de manera que ya en 2018 “algunos ayuntamientos plantearon la unificación de ambos recursos y empezaron a ofrecer los mismos campamentos para todo el alumnado”.
Este año electoral no favoreció que la resolución en la que se indicó a los municipios cómo podían solicitar la colaboración del Gobierno se comunicara a tiempo, por lo que varios ayuntamientos expresaron las dificultades de poder contratar el servicio de catering en poco tiempo e integrarlo en los talleres que ya tenían programados. La Consejería admitió “el retraso en el expediente”, pero recordó que ya desde 2018 había anunciado el cambio y lo ha planteado en varias reuniones con la Fecam. La Consejería mantendrá abierto el plazos de inscripción. Hasta la fecha ha recibido 500 peticiones.
Solo 28 de los 88 municipios han solicitado al Gobierno de Canarias la financiación para integrar los comedores de verano para este alumnado en riesgo de exclusión social en los talleres programados por los consistorios. Son Guía de Isora, La Orotava, La Laguna, Adeje, El Tanque, Vilaflor, La Matanza, La Victoria, Santiago del Teide, Buenavista, Icod, El Sauzal, Puerto de la Cruz, Fasnia, Tacoronte, Fuencaliente, Los Llanos, Breña Baja, Garafía, Mogán, San Mateo, San Bartolomé, Ingenio, Teror, Valleseco, Valsequillo, Tías y Santa Lucía. Educación lamentó que existan políticos que se hayan negado sistemáticamente “a integrar a los menores en riesgo de exclusión social con el resto” del alumnado de los talleres de verano. En el caso de Las Palmas, su concejal Lourdes Armas se opuso desde que se planteó el cambio de modelo, porque entendía que “esa es una responsabilidad de políticas sociales”. Esta decisión ha sido criticada por los grupos de la oposición municipal.
“Una injusticia”
Por otro lado, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, consideró “injusta” esta medida, porque “no hay razones económicas, financieras, ni de justicia, ni de necesidad que hayan variado del año pasado a este para dejar de organizar estos talleres”, recordando que Canarias encabeza los índices de pobreza del país. Consideró que “el procedimiento ha sido erróneo. Nos hemos encontrado los plazos vencidos” al tomar posesión el día 15, por lo que “estamos bastante preocupados y trabajamos en distintas alternativas”.
Por su parte, el presidente de Unicef en Canarias, Amós García, afirmó que “los comedores de verano siguen siendo necesarios, ya que miles de familias tienen dificultades para salir adelante y no tienen recursos para alimentar bien a sus hijos”. “Me parece inaceptable que se plantee recortar en vez de solucionar las necesidades básicas de familias”.
Por último, los representantes de las asociaciones de madres y padres de Canarias exigieron que “se mantengan abiertos los comedores de verano”, y abogaron por resolver este problema.