Economia

Malestar en el sector de la restauración por la aplicación del registro horario

Muchos restaurantes de la Isla se están viendo obligados a cerrar la cocina antes y a adelantar su horario de cierre al público

Varios empleados fichan en una empresa. El Español

En el último mes y medio muchos restaurantes y locales de ocio de la Isla se están viendo obligados a cerrar la cocina antes de tiempo o ampliar a dos días a la semana el cierre del local para dar las correspondientes libranzas a sus empleados. ¿El motivo? La aplicación del Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno que obliga a los autónomos, pymes y grandes empresas a registrar la jornada de trabajo de su plantilla para controlar las horas extraordinarias y que el empleado cobre exactamente la jornada de trabajo que realiza.

Ya se sabía que la entrada en vigor de esta nueva normativa el pasado 12 de mayo no iba a estar exenta de polémica. No sólo porque las empresas tenían que buscar un sistema “fiable” para controlar la jornada laboral de sus empleados, sino porque la norma deja muchas cuestiones en el aire, como por ejemplo, qué sistema utilizar en el caso de que el trabajador sea autónomo y no tenga que asistir a una oficina, o si el tiempo que se usa para fumar o ir a tomar un café cuenta como parte de la jornada laboral, entre otras muchas cosas.

Lo cierto es que para el sector de la restauración, apenas mes y medio desde su aplicación, esta norma ya está suponiendo un trastorno. El secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, aseguró que existe cierta “preocupación” en el sector, puesto que ya se han realizado algunas inspecciones que han obligado a muchos propietarios de restaurantes a cerrar la cocina antes de tiempo o a decirle a algunos clientes que no los podían atender”.

Moujir dejó bien claro que la medida es “positiva”, pero también aseguró que en el sector “no existe explotación” como se quiere dar a entender. “El sector de la restauración es muy complejo en su estructura porque no tiene un horario cerrado puesto que depende de los clientes. Puede haber días que prevés que el restaurante se llena, como puede ser un viernes o un sábado, y después resulta que no es así, a pesar de que, a lo mejor para ese día, has contratado a más personal. O al contrario. A lo mejor piensas que un martes noche no va a venir nadie al bar y se llena y, justo ese día, tienes menos personal. ¿Qué haces? ¿No lo atiendes?”, se preguntó Moujir.

“En el sector de la restauración”, prosiguió, “siempre ha existido un acuerdo tácito entre empleado y empresario. Y esto no es explotación. Son acuerdos verbales en el que ambas partes consienten que, por ejemplo, si hay una noche en la que el local se llena y preveía cerrar a las 22.00 horas, pues en lugar de decirle a los clientes que se tienen que ir, le pide a su empleado que se quede una o dos horas más, que después recupera otro día que se va antes o que él mismo necesite para algún asunto personal. Esto siempre ha existido y, creo que hasta ahora, no ha habido problema. En un restaurante nunca se sabe cómo va a ser el día al 100%”.

Con las inspecciones que se están realizando ahora, los restaurante ven inviable dar cumplimiento a este acuerdo y, en lugar de ofrecer un buen servicio al cliente, que es de lo que se trata, “muchos propietarios se están viendo obligados a decirle a los clientes que tienen media hora para comer o que están cerrados y no pueden atenderlos”.

A esto, además, se une el hecho de que este sector es uno de los más perjudicados por la desaceleración del consumo privado (la gente está saliendo menos a comer fuera) y por la caída del turismo, que está afectando mucho sobre todo en la capital, Santa Cruz de Tenerife, y la zona de Arona y Adeje. “No estamos en contra de la normativa”, aclaró Moujir, “pero lo que tampoco queremos es que ahora el sector de la restauración también se vea afectado”.

Informes de legalidad

Por su parte, el director general en funciones de Trabajo del Gobierno de Canarias, José Miguel González, señaló que lo que la norma persigue no es al empresario sino que se “cumplan los derechos de los trabajadores y que éstos cumplan, al año, las horas extraordinarias que tienen estipuladas. “La inspección de Trabajo no entra a valorar lo que es justo o no, ni hace informes de justicia, lo que hacemos son informes de legalidad. Establecemos lo que es legal y lo que no”.

En este sentido, González reconoció que, sobre todo, en el sector del ocio y la restauración el control horario es más “complejo”, pero explicó que “si se dan determinadas situaciones de acuerdos entre empleados y empresario, éstos se tienen que reflejar de forma fiable para que el inspector los vea. Nosotros no decimos que estos acuerdos no pueden existir”, aclaró, “lo que decimos es que ese acuerdo ya no puede ser verbal, sino que tiene que estar reflejado. Si el inspector comprueba que varios días se queda más días, pero que se compensa con otros y que al final se cumple con las horas reglamentarias, no se abrirá expediente de infracción”, declaró. “Lo que desde luego no es normal”, dijo, “es que un local con dos empleados que estén contratados cuatro horas cada uno, esté abierto hasta las 22.00 horas. Eso no cuadra”.

González indicó que la inspección aún no tiene datos, pero aclaró que las inspecciones se están realizando desde hace tiempo, no sólo ahora que está la norma. En este sentido, indicó que gracias a las inspecciones se han regularizado en las Islas más de 35.000 empleos en dos años, “con lo que no todo se está haciendo bien”, aseguró.

“Todas las empresas, grandes o pequeñas, y del sector que sea, tienen un horario. Lo que dice la norma es que ese horario se tiene que cumplir. No dice que no se pueda ser flexible, sólo que esa flexibilidad debe estar reflejada para que el inspector no vea incongruencias”.
González indicó también que hay que ver la norma desde otro punto de vista y no tanto como una medida para perseguir al empresario, sino como “una manera también de que el propio empresario controle la productividad de su trabajador y gestione de la manera más eficaz posible a su personal y su productividad, que al final es lo que le dará beneficios”.

Hay que recordar que los inspectores ya están actuando, aunque hay un periodo de carencia para que las empresas elijan el sistema más idóneo para el control horario. La cuantía de las multas va desde los 626 euros hasta los 6.250 euros.