Las perspectivas económicas de Canarias no son nada halagüeñas. A la ralentización de la economía debido, sobre todo, a la caída del turismo, se une el hecho de que, si no impera la cordura política y el interés general, tendremos unos presupuestos generales prorrogados [de nuevo], lo que debilitará las cuentas regionales y las transferencias provenientes del Estado. Por si fuera poco, los nuevos inquilinos del Gobierno de Canarias ya han advertido de que la situación financiera de las Islas es “muy comprometida”, y que habrá que hacer [en ello está ya la Consejería de Hacienda] un plan con medidas fiscales de urgencia para aumentar los ingresos. Canarias va a incumplir la regla de gasto y, además, tendrá déficit excesivo. Con lo que incumpliremos los criterios de la ley de estabilidad presupuestaria de 2012. O elaboramos un buen plan de contención o será Madrid quien nos los imponga. Es verdad que entra dentro de la lógica que los nuevos miembros del Gobierno critiquen la herencia recibida, pero los datos son tozudos. La merma de ingresos provocada por la bajada del IGIC del 7% al 6,5% del anterior Gobierno, y el gasto comprometido sin dotación presupuestaria pensando en que los 900 millones del superávit lo iban a solucionar todo, han dejado las arcas de la Comunidad medio vacías. Llegan malos tiempos para Canarias, con un Gobierno mirado con lupa por todos los organismos fiscales, una economía que levanta el pie del acelerador y una subida de impuestos para 2020. A esta herencia no se puede renunciar.
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