La dirección actual del Servicio Canario de Empleo (SCE) insistió ayer a DIARIO DE AVISOS que las subvenciones que se le conceden a las empresas de formación que concurren para impartir sus cursos son “subvenciones públicas, en concurrencia competitiva, destinadas a financiar acciones formativas con compromiso de contratación correspondientes a 2016, estaban reguladas en el artículo 21 de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, en relación con el artículo 37.1 de la misma orden y con la Ley General de Subvenciones”. De hecho, desde el organismo público se remarcó que “en 2016, conforme a criterios exclusivamente técnicos derivados de la normativa aplicable anteriormente reseñada, el compromiso de inserción laboral asumido por las entidades beneficiarias de las subvenciones no podía ser inferior al 60% de las trabajadoras y trabajadores participantes en cada acción formativa, con un periodo mínimo de contratación de 6 meses a tiempo completo o 9 meses a tiempo parcial”. De aquí se desprende que, según la versión del SCE, algunas entidades no hayan recibido la totalidad de las citadas ayudas, tal y como señalaron recientemente en este periódico.
Además, aseguraron las mismas fuentes del SCE que “los contratos ofrecidos debían cumplir determinadas condiciones, y el incumplimiento de este compromiso de contratación, según la legislación aplicable, daría lugar a la obligación de reintegro total o parcial de la subvención percibida, así como del interés de demora correspondiente”.
Hay que señalar, tal y como apuntaron desde el organismo público, que “en las anualidades 2015 y anteriores, al tratarse de subvenciones directas, estas se regían por las resoluciones dictadas para las entidades beneficiarias”.
Según las mismas fuentes, “en el caso de las entidades que se presentaron a la convocatoria de subvenciones de 2016 y no cumplieron con el compromiso de inserción estipulado en la convocatoria, el SCE inició un procedimiento de reintegro, de conformidad con lo establecido en la propia convocatoria”, recalcaron las citadas fuentes.
Sin embargo, según reconoció ayer el SCE, “dicho procedimiento fue recurrido en alzada por algunas entidades, quedando algunos recursos pendientes que se resolverán en el plazo más breve posible”.
Centros formativos
Sin embargo, visión bien distinta mostró el portavoz de la Asociación de Empresas con Compromiso de Contratación del sur de Gran Canaria, Rafael Estupiñán, quien afirmó a este periódico que “la anualidad 2015 no se rigió bajo el régimen de concesión directa, sino que fue objeto de convocatoria de concurrencia competitiva; sin embargo, las anteriores a dicha anualidad sí fueron objeto de concesión directa, bajo el formato de convenio de colaboración entre el SCE y las entidades beneficiarias, publicándose para cada una de dichas anualidades con posterioridad a 2012 una resolución desde la Dirección del SCE, por la que se dictaban instrucciones para la tramitación de dichas subvenciones, donde se recogían prácticamente los mismos aspectos que regulan las actuales convocatorias”.
Estupiñán volvió a insistir en que “el cumplimiento del compromiso de contratación para todas las anualidades anteriores a 2016 se ha valorado por parte del SCE tanto por los contratos formalizados con los alumnos, como por las no aceptaciones de las contrataciones laborales por parte de estos; por tanto, se produce un cambio de criterio unilateral por parte del SCE y sin previo aviso”.
Las empresas insisten en que la mayoría han recurrido
Las entidades concurrentes a la convocatoria de 2016 insisten en que con el cambio de interpretación por parte del SCE, ya que no se trata de casos aislados, provocará que los recursos de alzada se acumularán para la convocatoria 2017, donde la cifra de entidades beneficiarias triplicó a la de 2016.
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