tribuna

La igualdad y la Diputación del Común

Se cumple un año desde mi toma de posesión como primera adjunta de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género de la Diputación del Común. Desde el 1 de agosto de 2018 hasta hoy hemos gestionado 77 quejas en esta área, lo que supone un incremento del 1.440% respecto al mismo periodo anterior.

Este aumento tan importante en el número de expedientes pone de manifiesto que fue un acierto del Parlamento de Canarias la creación de esta Adjuntía Especial, y demuestra que la ciudadanía necesitaba un altavoz en esta materia para resolver sus conflictos.

Se trata de un área transversal, por lo que ha canalizado asuntos de diversa índole a través de la misma, tomando como nexo la acreditación de la condición de víctima de violencia de género o la existencia de una situación de desigualdad.

De este modo, han sido varias las quejas registradas a causa de la denegación de ayudas, subvenciones o prestaciones a las mujeres víctimas de violencia de género. Destaca el aumento de las quejas incoadas a raíz de problemas habitacionales y la necesidad de vivienda, pues son varios los casos de mujeres que se encuentran en una situación de desamparo. En muchas ocasiones, las administraciones públicas, ante la posibilidad de un desahucio inminente, no han dado una solución habitacional. Asimismo, se han registrado quejas que vienen a poner de manifiesto casos de discriminación por razón de sexo y hemos tenido que actuar de oficio en defensa de los derechos de las personas LGTBI.

Además, esta Adjuntía forma parte de la Mesa de Trabajo creada por el anterior ejecutivo en la que se discutirá el anteproyecto de la nueva Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales.

Más allá de la estadística, incontestable en sí misma, conviene analizar ciertos parámetros para evaluar la utilidad de las actuaciones. En este punto, merecen especial atención las 18 investigaciones de oficio abiertas por la Institución que tienen su origen en las denuncias que han realizado los medios de comunicación, a los que quiero agradecer su colaboración.

Respecto a las investigaciones de oficio, en síntesis, son una labor de intermediación muy útil entre la ciudadanía y la administración pública para resolver conflictos que terminan en soluciones favorables o, al menos, en las que la Administración apunta una posible vía de solución.

Las mayores deficiencias, especialmente en violencia de género, se han detectado en la falta de personal, incluido el especializado, lo que genera retrasos o falta de atención administrativa a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas, así como la falta de coordinación entre las instituciones y las administraciones que intervienen en esta materia. Es necesario dar una respuesta inmediata y constante a las víctimas que cuando deciden denunciar inician un tortuoso camino sin retorno.

Desde esta Adjuntía seguiremos trabajando para conseguir subsanar las deficiencias del sistema. La lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género no es una cuestión ideológica, es un Derecho Fundamental cuya protección es un compromiso de toda la Sociedad.

TE PUEDE INTERESAR