Hemos conseguido que el Urbanismo sea imposible. De actualidad la nueva parálisis del Plan Especial el Toscal, en Santa Cruz, que inició su tramitación en 2008, luego de declarado BIC en 2007. Se explica en los medios y no se entiende, luego de 11 años de trámites. Inseguridades que contaminan todo el cuerpo urbanístico, singularmente el canario. De esta realidad somos responsables. Proceden los males del erróneo diseño de las leyes canarias, concretamente la Ley del Suelo 4/2017 y la reciente Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural. A los males de ambos, sus males de aplicación. Soportados, como señala el autor de La Utopía de las Normas, en una sociedad que, a fuerza de haberse burocratizado, nos ha convencido de que la burocracia es buena y necesaria. Vemos sus efectos en la diferencia de aplicación entre Tenerife y Gran Canaria, donde, con el mismo marco legal, la gestión e inversión allí es algo más ágil. En Canarias, un caos, que impide que las inversiones tengan plazos fiables y dimensión económica cierta.
Las leyes entran en el Parlamento aseadas y allí las complican, en el juego de los consensos políticos. No cumplen con el principio de una administración, una competencia. Diluyen entre administraciones la normativa ambiental e incumplen la liberalización de servicios de la Bolkestein (2010), rompiendo el mercado único y la agilidad de procedimientos. Análogo esquema táctico ha seguido la nueva Ley de Patrimonio Cultural de 2019. Rompiendo la subsidiaridad normativa, al crear la innecesaria figura de los catálogos insulares, colocados entre los BIC y los catálogos municipales; donde a voluntad de cada cabildo se entra en competencia con sus ayuntamientos, calificando bienes que son de referencia municipal. La duplicación garantiza el conflicto, contra la normativa básica y europea.
Por si fuera poco, la nueva Ley del Suelo, al inflacionar los componentes de participación y transparencia sin finalidad práctica, convierten las tramitaciones en impracticables. Con elevado riesgo de inseguridad jurídica, al ofrecer la misma ley distintas lecturas que rompen su estanqueidad normativa. Cualquiera gana el pleito en las instancias jurídicas, administrativa, civil y/o penal. Judicialización de la que se defiende el funcionario bloqueando el sistema. También lo bloquea cuando entiende que la mejor forma de hacer urbanismo es poner las mayores dificultades al promotor y sus técnicos, contra la Ley de Procedimiento. Cuando informa solo de lo prohibido, pero no de lo permitido. Cuando interpreta contra la ley que lo que no está prohibido está permitido.
Todos los males han confluido en El Toscal. Ha perecido en el fuego cruzado de las leyes canarias, la guerra político-técnica Cabildo-Ayuntamiento, a cuenta del Catálogo de Protección y la nueva Ley de Patrimonio, que expande las competencias del Cabildo y duplica procedimientos. A través de la declaración del Conjunto Histórico, que hasta tanto exista Plan Especial cualquier iniciativa tiene doble filtro. Su reinicio sufrirá el mismo conflicto, al no existir estrategia compartida. En los tiempos que corren, operamos con errores superpuestos. El carácter beatífico de la Administración, múltiple, enfrentada y sin política acordada. La supuesta validez del planeamiento, como marco de ordenación efectivo. La regulación de usos sin flexibilidad. Hacen el urbanismo imposible. De contrario hoy los planes deben ser solo guías jurídico-administrativas mínimas, descargando participaciones y transparencias. Documentos sencillos que den seguridad jurídica y trasladen la eficacia técnica al Plan- Proyecto de desarrollo. Como no tenemos tiempo para cambiar las leyes, hagamos uso de la inteligencia al servicio del ciudadano, no solo en El Toscal. Es la hora de la política, hoy abandonada.
