La exconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias Cristina Valido (CC) aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS, sobre los supuestos incumplimientos de la Administración a la hora de resolver los recursos de alzada presentados por varias academias que han impartido cursos de formación en el Servicio Canario de Empleo (SCE) para justificar las subvenciones de 2016 y 2017, que se ciñó a “los informes de los técnicos”. Valido remarcó que “los criterios aplicados a las empresas formadoras fueron y son defendidos en la actualidad por quien ha sido nombrada directora del SCE hace apenas una semana, Dunnia Rodríguez, anterior responsable de formación”, e insistió en que “no ha habido ninguna decisión política al respecto”.
Hay que recordar que varias entidades que habían desarrollado cursos del SCE estaban pendientes de recibir en torno a 200.000 euros por empresa y anualidad (2016 y 2017), por lo que entienden “un cambio de criterio por parte del SCE, con idéntica normativa aplicable”. Esta situación, según denunciaron, les hace estar viviendo una “situación insostenible”.
A la hora de respaldar su gestión con datos, la exconsejera de Empleo y actual diputada de CC en el Parlamento regional enfatizó que “el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) coloca al SCE como número uno este año en cumplimiento de sus indicadores”, lo que supone, según Valido, “más recursos para las Islas” en un asunto tan sensible como es el desempleo.
RESOLVER LOS RECURSOS
Sin embargo, si bien la Consejería cuenta con un informe previo por parte del organismo que emite la resolución que da pie al recurso, fuentes de las academias de formación de los cursos del SCE que siguen pendientes de recibir esos fondos entienden que lo que está claro es que “cuando se recurre en alzada, precisamente es para intentar que un órgano superior conceda la razón al recurrente, y, evidentemente, separándose de la visión del órgano que provoca que el interesado presente el recurso”, es decir, el SCE.
En este caso, según los afectados, “la consejera puede separarse del criterio o darlo por válido, pero lo lógico es que se pronuncie y lo haga en plazo. En este caso, Valido ha tenido sobre su mesa los recursos desde septiembre de 2018, acumulando 10 meses sin resolución expresa”.
En lo que respecta a que Valido no se separó del criterio técnico, los afectados consideran que “tenía que haber resuelto los mismos de manera desfavorable”. Desde estas academias se entiende que “la máxima responsabilidad sobre este asunto, evidentemente, debe recaer sobre la dirección anterior del SCE, que fue quien decidió cambiar de criterio sobre el tratamiento de las no aceptaciones de las renuncias de los alumnos a las ofertas laborales firmes, incumpliendo absolutamente los preceptos de confianza legítima en la Administración sobre las actuaciones realizadas en los ocho años anteriores, el principio de proporcionalidad (cuando se solicita para algunos cursos reintegros totales de la subvención)”. Además, destacan que se incumple, sobre todo, “el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece que deben estar motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, los actos que supongan cambios de criterio respecto a actuaciones anteriores”.
De hecho, esto podría suponer una bomba importante para la Administración si, finalmente, decidiera continuar por esta línea para los expedientes de 2016 y 2017, porque implicaría que todos los concedidos desde 2008 hasta 2015 se habrían liquidado de manera irregular y procedería un posible reintegro para la mayor parte de las entidades”.
TRES EMPRESAS CONCURRIRÁN EN EL SEGUNDO PERIODO DE 2019
Ante la situación de incertidumbre creada, se da la circunstancia de que en el segundo periodo para concurrir a los cursos del Servicio Canario de Empleo de este año se han presentado solo tres empresas, mientras que en el mismo periodo del año 2018 el número de entidades que participaron fue de 15.
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